La nueva empresa pública de vivienda blindará la oferta para asegurar precios asequibles

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la necesidad de un nuevo modelo de política de vivienda en España, para lo que el Gobierno está trabajando en la nueva empresa pública de vivienda, que servirá para blindar la oferta pública de manera permanente a fin de asegurar precios asequibles.

“La barra libre y la desregulación no funcionan", ha explicado Rodríguez en su intervención en las jornadas ‘Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar”, durante la que ha recordado que aunque la entidad pública Sepes ha impulsado la participación en la vivienda asequible desde 2019, "con ese instrumento no podíamos garantizar la protección de la VPO o de las viviendas sociales para evitar que fueran vendidas a particulares como hicieron algunos ayuntamientos y comunidades autónomas. Se trata en definitiva de blindar la oferta permanente de vivienda pública y asequible en España", ha recalcado.

En la inauguración de estas jornadas, en las que está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie nuevas medidas en materia de vivienda, la ministra ha insistido en que el Gobierno está trabajando para que esta empresa, que será el resultado de fortificar y dar más funciones a Sepes, va a garantizar que las viviendas sean "asequibles".

Rodríguez ha anunciado que las primeras viviendas que serán promovidas por empresa pública serán las más de 400 que se harán en la Comunidad Valenciana y que forman parte del proyecto de urbanización del antiguo cuartel de ingenieros en Valencia para garantizar que el 100% de las mismas sea asequible.

"Ya hemos avanzado en esta nueva estructura de la empresa pública dotándola de más capacidades y asumiendo más competencias, y vamos a incorporarle los inmuebles disponibles por parte de la Administración General del Estado para transformarlos en hogares, sin dejar de acometer el proceso de transformación de suelo como demandan ayuntamientos y comunidades autónomas y promotores de todo signo y condición", ha subrayado.

Según Rodríguez, desde el Gobierno seguirán con políticas para regular, porque "liberalizar el suelo no es más asequibilidad" y ofrecer más vivienda sin regulación tampoco lo es.

"En 2005, en 2006 se concedían en España 570.000 visados de obra nueva y el precio se multiplicó por dos, situándolo muy encima de nuestro valor, es decir, más oferta sin control no garantiza el acceso a un hogar para la mayoría, sino que nos lleva al 'boom' a la burbuja inmobiliaria que tanto daño y sufrimiento causó", ha recordado.

Rodríguez ha insistido igualmente en que también es necesario crear seguridad jurídica en el sector, para lo que ha pedido recuperar el proyecto de la reforma de la Ley del Suelo, que está registrada desde marzo en el Congreso pero no se llegó a votar ante la falta de apoyos políticos.

"Invertir en vivienda pública y social es la solución más efectiva para garantizar ese derecho a la vivienda. Aprendamos de las mejores prácticas europeas, pero también a liderar nuestro propio modelo", ha concluido.

Responsabilidad de todos

Sobre la Ley de Vivienda, Rodríguez ha defendido que se trata de "una herramienta que ya está demostrando su eficacia al reducir los precios en Cataluña", y ha instado "firmemente" al resto de autonomías a adoptarlo lo antes posible, como ya están haciendo País Vasco, Navarra o Asturias y demandan importantes ayuntamientos en Galicia o Canarias.

En este sentido, la ministra cree que "es incomprensible que ante precios disparados, y teniendo instrumentos, no se esté utilizando una herramienta que implica una bajada inmediata de precios al tiempo que bonifica al propietario".

La ministra también se ha referido a la novedad legal que introdujo la Ley de Vivienda para construir viviendas públicas en suelos dotacionales, "aunque algunos acaben de descubrir su obligación de facilitar suelos o las posibilidades que les da la ley de vivienda para hacer alojamientos dotacionales".

Por último, ha insistido en que la construcción de vivienda pública es "responsabilidad de todos los poderes públicos" y ha agradecido a la ciudadanía, el sector de la construcción y las comunidades autónomas que están colaborando con el Gobierno para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Sin monopolios

Por su parte, durante la primera mesa de debate 'Ampliación del parque de vivienda asequible', la directora general del Sepes, Leire Iglesias, ha insistido en que la existencia de una empresa pública no supondrá "un monopolio de la construcción", sino que servirá para gestionar la vivienda asequible.

"Venimos para meter anabolizantes, venimos para hacer el Sepes proteico, venimos para incentivar muchísimo más el desarrollo de la vivienda asequible en nuestro país", ha subrayado.

Así, ha insistido en que la nueva empresa movilizará suelos que muchos empresarios y gente del sector de la construcción quiere para que puedan desarrollar actuaciones con rentabilidad social. "Aquí hay un negocio de rentabilidad social, no especulativo", ha subrayado.

"Intervenir mediante la oferta y no sólo intervenir mediante la regulación. Si somos capaces de tener más vivienda pública a precios asequibles y demostrar su rentabilidad, los demás nos tendrán que acompañar", ha defendido.