Rogelio Velasco
Dos siglos de financiación autonómica
España y Portugal pueden ser las siguientes. Lo dicen desde Grecia, sometida a las calamidades de la crisis más que cualquier otro país de la UE. La Comisión Europea propuso ayer someter las cuentas públicas griegas a una vigilancia reforzada desde Bruselas para garantizar que el Gobierno aplica de forma rigurosa el "ambicioso" plan de ajuste que ha diseñado para sortear el riesgo de suspensión de pagos y avisó de que exigirá medidas correctivas adicionales si detecta alguna desviación.
El comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, descartó que se tenga que recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para rescatar a Grecia de la bancarrota y alegó que la UE y la Eurozona cuentan con "suficientes instrumentos" para afrontar la situación, aunque no explicó cuáles.
El plan de ajuste griego prevé reducir el déficit desde el 12,7% del PIB en 2009 hasta el 2,8% en 2012, con un recorte inicial de 4 puntos porcentuales ya este año. Para ello, incluye una serie de medidas de consolidación fiscal este 2010. En el capítulo de ingresos, la eliminación de exenciones fiscales, el aumento de los impuestos especiales sobre el tabaco y alcohol y el refuerzo de la lucha contra la evasión fiscal. Por lo que se refiere a los gastos, el Gobierno recortará las pagas de los funcionarios, congelará las contrataciones y sólo sustituirá a uno de cada cinco funcionarios. Además, ha congelado el 10% del presupuesto de cada ministerio.
El Ejecutivo comunitario comparte los objetivos de este plan y considera que es "ambicioso" pero "realizable", según Almunia. "Apoyamos el programa griego, respaldamos a sus autoridades para que lo apliquen pero al mismo tiempo sabemos que será difícil y por ello necesitamos evitar desviaciones o incumplimiento de los objetivos", resaltó el comisario de Asuntos Económicos.
El mecanismo de vigilancia reforzada y permanente, que es la primera vez que se establece en la historia de la Eurozona, obligará a las autoridades griegas a remitir a Bruselas un primer informe a mediados de marzo detallando el calendario de medidas para alcanzar los objetivos presupuestarios para 2010. En mayo deberá presentar un segundo informe sobre la aplicación de las reformas y a partir de ese momento el Gobierno griego deberá informar a la UE trimestralmente sobre sus cuentas.
El Ejecutivo comunitario reclamó a Grecia que adopte un paquete de reformas estructurales para mejorar la eficacia de la Administración, acelerando en particular la reforma de las pensiones y del sistema sanitario, así como la del mercado laboral y adoptando medidas para consolidar la estabilidad del mercado financiero. Finalmente, Bruselas abrió un nuevo procedimiento de infracción contra el Gobierno de Atenas por considerar que no ha respetado sus obligaciones de recoger y enviar a la Comisión Europea estadísticas que sean exactas.
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