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Los proveedores comienzan a cobrar su deuda

ACS, FCC y Sacyr ya han ingresado unos 2.000 millones por facturas de los ayuntamientos

R. E. / Madrid

01 de junio 2012 - 05:02

Los proveedores con facturas pendientes con los ayuntamientos comenzaron ayer a cobrar sus deudas dentro del plan de pago auspiciado por el Gobierno y con las grandes constructoras en el punto de mira, ya que esperan recuperar cerca de 5.800 millones de euros. Las grandes constructoras (ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHL) cuentan con ir cobrando a lo largo del segundo semestre del año los créditos que les adeudan las administraciones públicas, aunque el presidente de FCC, Baldomero Falcones, indicó que la compañía había cobrado ya 650 millones, de los 1.500 de deuda.

Por su parte, ACS aseguró que ya ha cobrado casi la totalidad de los 1.100 millones de euros que le adeudaban los ayuntamientos. Además, Sacyr Vallehermoso, señaló que ya habían sido ingresados 240 millones de euros del monto total de 370 millones. Asimismo, OHL aseguró que ingresará "en cualquier momento" la deuda de unos 30 millones que la compañía reclamó a las administraciones.

La deuda corresponde fundamentalmente a la prestación de los distintos servicios de limpieza y urbanos que estas empresas tienen contratados con distintos ayuntamientos.

También los autónomos han comenzado el cobro. Más de 120.000 tenían facturas pendientes con los ayuntamientos, "algunas del siglo pasado". En este marco, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) aprovechó para solicitar al Gobierno una nueva reforma de la ley de morosidad para que los autónomos "nunca más" vuelvan a padecer retrasos en el cobro con las administraciones que perjudican en gran manera la pervivencia de sus negocios.

Un total de 2.305 ayuntamientos, con facturas presentadas y planes de ajuste aprobados, son los que se suscriben a este plan de los proveedores. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció en el Congreso que el Gobierno ampliaba, hasta el 15 de junio, el plazo a los 1.478 ayuntamientos que, en primera instancia, habían quedado descartados del plan de proveedores.

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