Altos cargos de Matas le responsabilizan de contratar al Instituto Nóos

Dos consejeros del Gobierno balear entre 2003 y 2007 y la jefa de gabinete han responsabilizado al entonces presidente de Baleares, Jaume Matas, de contratar al Instituto Nóos y Nóos Consultoría, entidades de Iñaki Urdangarin y Diego Torres que ingresaron uno 2,5 millones de euros de las arcas autonómicas. En la decimoquinta jornada del juicio de caso Nóos, la primera dedicada a la declaración de los 380 testigos citados, han comparecido ante el tribunal de la Audiencia de Palma, entre otros, la ex consejera de Presidencia y Deportes Rosa Puig, el ex consejero de Turismo Joan Flaquer y la jefa de gabinete de Matas Dulce Linares. Los tres han señalado al ex presidente regional, ex ministro de Medio Ambiente y antiguo líder del PP balear como quien decidió la contratación de Nóos para organizar los congresos sobre turismo y deportes Illes Balears Forum en 2005 y 2006 y el patrocinio del antiguo equipo ciclista Banesto, que incluía la asignación de la oficina del proyecto a la empresa de Urdangarin y Torres.

Dulce Linares ha testificado que Matas ordenó emplear la fórmula del convenio de colaboración para encargar la organización de los Illes Balears Forum porque implicaba menos control administrativo y que el coste de 1,2 millones de euros por foro lo fijó la asociación sin ánimo de lucro Instituto Nóos. La testigo, que intervino en la contratación de Nóos como miembro de la comisión ejecutiva de Illesport, fundación pública a través de la que se canalizaron los convenios, ha señalado que cuando se determinó su coste lo consideró "caro", pero era una decisión tomada directamente por Matas y ejecutada por su director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester, también acusado.

La ex consejera de Deportes Rosa Puig ha apuntado igualmente que todas las decisiones relativas a la contratación de Nóos las conoció después de que estuvieran tomadas por Ballester con la aprobación de Matas. Puig ha puesto de manifiesto su falta de control directo sobre los asuntos deportivos de su departamento, porque Ballester, designado por indicación de Matas, "despachaba directamente con el presidente". "Todas las personas que designé en mi consejería fueron a propuesta del señor Matas y algunas a propuesta de la vicepresidenta (Rosa Estarás)", ha enfatizado. En esta línea, la ex consejera ha explicado que, aunque firmó los convenios de colaboración para que Nóos organizara los foros, no intervino de ninguna manera en estos proyectos. "Nos llegaba mucha firma diaria", se ha excusado la Puig para justificar su falta de conocimiento sobre los convenios, que firmó como integrante del patronato de la Fundación Illesport y convencida de que, como otros documentos que rubricaba, habían sido sometidos al control de legalidad pertinente.

La ronda de nueve testificales de este martes la ha cerrado Joan Flaquer, quien, aunque ha sido el menos directo a la hora de señalar a Matas como el responsable inmediato de los contratos con Nóos, sí ha indicado que daba por hecho que fue así porque al frente de la asociación sin ánimo de lucro estaba un miembro de la Familia Real, además de que importes tan relevantes como los aportados por la administración autonómica requerían la supervisión del presidente. Flaquer, que fue portavoz del Gobierno de Matas, ha coincidido con el resto de altos cargos que han declarado en que todas las decisiones que avalaron o en las que participaron, aunque fuese formalmente, "venían dadas" desde la presidencia.

Por otro lado, ha testificado también, en su caso por videoconferencia desde Pamplona, el que fue director del equipo ciclista Illes Balears-Banesto, José Miguel Echávarri, que ha indicado que la contratación por 300.000 euros a Nóos Consultoría para la oficina del proyecto fue una decisión que adoptaron el Gobierno balear y la empresa de Iñaki Urdangarin y Diego Torres. La vista proseguirá este miércoles con la declaración de cuatro testigos, entre ellos Miguel Tejeiro, que fue secretario del Instituto Nóos y a quien Urdangarin y Torres han atribuido prácticas ilegales de las que están acusados ellos.