Ángel Acebes, imputado en el caso Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado un delito de apropiación indebida al ex ministro y ex secretario general del PP Ángel Acebes en relación a la compra de acciones de Libertad Digital (LD) en la causa en la que investiga la supuesta caja B del PP y le ha llamado a declarar el próximo martes. Ese mismo día, el juez ha citado también como imputados al ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta (1993-2008) y a Antonio Vilela (de la constructora Rubau) y, como testigos, al ex presidente de LD Alberto Recarte, y a los accionistas Alberto Dorrego y Borja García Nieto para tomarles declaración en la pieza en la que investiga la supuesta financiación con dinero B de Libertad Digital mediante la compra de acciones de ese medio de comunicación.

El juez acuerda estas comparecencias una vez que se han practicado las correspondientes diligencias y se ha incorporado un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre las operaciones presuntamente realizadas a través de la llamada caja B del PP a partir de octubre de 2004 para la suscripción de acciones de LD.

Ruz ha decidido imputar a Acebes por su responsabilidad en el eventual conocimiento y autorización de esa operación, "pudiendo haber colaborado a que tales fondos terminaran siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos", lo que podría ser constitutivo de un delito de apropiación indebida. El juez se basa en la doctrina del Tribunal Supremo, que contempla la apropiación indebida "por comisión por omisión" en "la responsabilidad por la conducta de terceros subordinados al omitente, sobre los que el mismo tuviera posibilidad de ejercer una vigilancia y una cierta autoridad que le permitiera evitar el resultado, cuando la actividad de aquellos fuera considerada como una fuente de peligros para intereses ajenos". Para imputarle, el magistrado ha tenido también en cuenta las funciones que según los estatutos corresponderían al secretario general del PP.

En el auto en el que acuerda estas citaciones, Ruz relata que la "génesis" de las operaciones de compra de acciones de LD "se encontraría en la solicitud de contribución" que hizo Recarte "a quien entonces desempeñaba las funciones de secretario general del Partido Popular" y que Bárcenas declaró que en aquella época correspondían a Acebes. Lo que trataban era "encontrar personas que suscribiesen acciones de la sociedad en el proceso de ampliación de capital" de forma que el entonces tesorero Álvaro Lapuerta "habría recibido del secretario general el encargo de buscar empresarios que estuviesen dispuestos a participar en la operación".

Según lo declarado por Bárcenas, en octubre de 2004, "estando próxima la fecha de cierre de la ampliación de capital de LD", Lapuerta "habría hablado con el secretario general Ángel Acebes, al objeto de plantearle la posibilidad de que posteriormente tales participaciones fueran traspasadas a terceros por parte de los suscriptores iniciales que habrían de ser personas de confianza". A este respecto, Bárcenas aseguró que Lapuerta le trasladó "la autorización que habría obtenido de Acebes a fin de que dispusiera de los referidos fondos ocultos para llevar a cabo las operaciones posteriormente anotadas por el propio Bárcenas en la contabilidad paralela", y que aparecen registradas con fecha del 29 de octubre de 2004.

En la compra de acciones intervino Francisco Yáñez, padre del testaferro de Bárcenas, que compró 1.100 participaciones por 121.000 euros, que luego vendió a la empresa Planycon, cuyo administrador era Vilela, por lo que el dinero retornó a la caja B. Lapuerta por su parte compró 1.270 acciones por 139.700 euros y luego las vendió a LD por 209.550 euros por lo que hubo una plusvalía de 69.850 y no se ha constatado que fuera devuelto a la caja B. También participaron en esta operación de compra de acciones la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias (que compró 149.600 euros en acciones, dinero que la Fiscalía sospecha que le sirvió al matrimonio para pagar un piso), y Alberto Dorrego -quien ostentó el cargo de director general de Modernización de la Justicia, dependiente del Ministerio-, del que constan dos apuntes en la caja B de 12.100 y 24.000 euros. Bárcenas dijo que esta última cantidad fue en realidad para otra persona.

Según el auto, los 12.100 euros los usó para adquirir 110 acciones que aún conserva y la entrega de 24.000 solo coincide con un accionista, la empresa Sa Moltona Inversiones, cuyo administrador es Borja García Nieto. La policía ha investigado esos hechos a partir de nueve apuntes manuscritos que aparecían en la contabilidad paralela aportada por Bárcenas entre 2004 y 2005 y que podrían constituir un delito de apropiación indebida. A Bárcenas y a su mujer, el juez no se les cita porque ya están imputados por estos hechos en la pieza separada que abrió el 29 de julio para favorecer el enjuiciamiento de 45 imputados en la trama Gürtel por hechos de la primera época.

La UDEF detecta otra caja B de Bárcenas para comprar la sede del PP de Vizcaya

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha constatado en un informe remitido al juez Pablo Ruz la existencia de otra contabilidad B creada por el ex tesorero del PP Luis Bárcenas para la compra y posterior reforma de la sede regional del partido en Vizcaya. Así lo refleja Ruz en el auto en el que imputa a Acebes, en el que da cuenta de las últimas investigaciones realizadas por la UDEF, entre ellas el hallazgo de esta caja paralela para el PP vasco.

Según relata el magistrado, la Policía ha detectado esta nueva contabilidad analizando la documentación sobre el pago de la hipoteca de casi 1 millón de euros concedida al PP el 13 de octubre de 1999 para la compra de la sede regional, y de las obras de reforma del edificio, que se hizo mediante un contrato firmado un mes después. Para controlar esta operación, indica el juez, Bárcenas generó "otra contabilidad mediante una cuenta aparte llamada Sede Vizcaya, muy similar a la establecida en los conocidos como papeles de Bárcenas".

En esta segunda contabilidad paralela, al igual que en la caja B principal que refleja donativos de empresarios y entregas a altos cargos del partido, se recogen una seria de entradas y salidas de dinero desde noviembre de 1999 a noviembre de 2005 destinadas a la sede regional. "La manera de alimentar esa cuenta (entradas) era mediante aportaciones que recibían en efectivo" y que luego se ingresaban en las dos cuentas del PP en el Banco Vitoria y Banesto destinadas a recoger donativos, afirma Ruz.

La UDEF solo ha detectado hasta el momento el origen de uno de esos donativos, por valor de 36.000 euros, que procedió presuntamente de Emilio Álvarez López, directivo de Bruesa Construcciones. El dinero opaco luego se entregaba al PP del País Vasco y estas operaciones figuraban en la nueva contabilidad de Bárcenas como "salidas". La UDEF ha acreditado estos movimientos de dinero al País Vasco comparando las anotaciones de la nueva caja B con los datos aportados por el propio PP al Tribunal de Cuentas y las cuentas bancarias del partido en el País Vasco.

El dinero proveniente de los donativos llegaba a manos del PP regional por dos sistemas, uno de ellos mediante transferencias bancarias desde la sede central a la regional, que se usaban para el pago de las cuotas de la hipoteca. Otra manera de pagar el crédito fue la entrega en efectivo del dinero proveniente del partido nacional al entonces gerente en el País Vasco, Ignacio Aguirre Lafuente, para que éste cancelase directamente la hipoteca mediante traspaso a la cuenta de cargo.