El forense de la Audiencia Nacional concluye que Uribetxebarria podría ser tratado en prisión

La clínica forense de la Audiencia Nacional afirma que el preso de ETA Iosu Uribetxebarria Bolinaga no se encuentra en "fase terminal" y puede ser tratado de su cáncer en la cárcel, en contra del criterio de la prisión de Zaballa (Alava), que entendía que precisa ser ingresado en un hospital. El expediente médico elaborado por la clínica forense de la Audiencia Nacional determina que el tratamiento del cáncer del preso condenado por los secuestros de José Antonio Ortega Lara y Julio Iglesias Zamora, entre otros delitos, puede ser "llevado a cabo por los servicios médicos de la cárcel".

Esta conclusión contrasta con el criterio de la dirección de la prisión de Zaballa, al que aludió el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, según el cual las cárceles "tienen enfermerías que son consideradas centros de asistencia primaria, y el tratamiento exige estar ingresado en un hospital". El informe detalla que si Uribetxebarria necesita recibir tratamiento de radioterapia o una intervención quirúrgica, estas terapias sí deben aplicarse en un centro sanitario. La forense explica que con los resultados obtenidos de las pruebas clínicas realizadas al recluso y basándose en el índice de Karnofsky -indicador que predice la evolución en pacientes oncológicos-, el 50 por ciento de los enfermos "con las mismas características" que Uribetxebarria vivieron "igual o menos de 11,3 meses" y la otra mitad sobrevivió "igual o más de 11,3 meses".

Este informe forense ha sido entregado al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, quien adoptará la resolución definitiva sobre la concesión de la libertad condicional al recluso. En los últimos años no se le ha denegado la libertad condicional a ningún preso enfermo con una situación clínica similar a la de Uribetxebarria, según han informado fuentes jurídicas. El preso se someterá el próximo lunes en el Hospital Donostia a una pruebas para determinar si comienza a recibir sesiones de radioterapia para tratar los nódulos metastásicos detectados en su cabeza, según ha indicado la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat.

Tras conocer el informe forense, tanto el Gobierno, a través de su vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, como Instituciones Penitenciarias han afirmado que acatarán la decisión que el juez adopte sobre el futuro del recluso enfermo. Sáenz de Santamaría ha insistido en que el Ejecutivo se ha limitado a cumplir la ley en este caso y ha añadido que respeta y comprende las críticas de las víctimas de ETA. Se ha referido así a las palabras de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, quien ha asegurado que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "sabe que ha hecho lo que no debía" al conceder el tercer grado al preso de ETA.

Por el contrario, el PSOE sí ha expresado su apoyo al Gobierno en este caso y lo ha hecho a través de su vicesecretaria general, Elena Valenciano, quien ha afirmado que los socialistas respaldarán al Ejecutivo tome la decisión que tome. "En este asunto estamos con el Gobierno y con el ministro del Interior, como nosotros hubiéramos querido que estuviera el PP cuando gobernábamos", ha sentenciado Valenciano, quien ha añadido que "no pueden decir lo mismo muchos miembros destacados del PP".

Desde el ámbito judicial, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha asegurado que "es lógico que se produzca una excarcelación" en este tipo de casos porque está establecido que los presos, "más allá de su condena, puedan encontrar la muerte inevitable en su domicilio y rodeados de los seres queridos y no en el aislamiento de una prisión".

Mientras se han sucedido las declaraciones políticas, en el País Vasco y Navarra han continuado las protestas para exigir la excarcelación del recluso. Además de la concentración permanente ante el Hospital Donostia, el colectivo Herrira ha celebrado protestas en todas las capitales, con seis detenidos en Bilbao por encadenarse a la verja de la Subdelegación del Gobierno. En Pamplona la Policía ha detenido a nueve personas que se habían encerrado en la catedral, mientras que siete parlamentarios navarros de Bildu y Aralar han iniciado un encierro y ayuno de 24 horas en la Cámara foral en solidaridad con el recluso.