Pilar Cernuda
¿Llegará Sánchez al final de la legislatura?
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, admitió ayer la "preocupación" que existe en el seno del órgano de gobierno de los jueces porque la denuncia por malversación interpuesta contra su presidente, Carlos Dívar, afecta a su imagen.
En un desayuno informativo, Bravo se mostró no obstante "cauta" respecto a los hechos denunciados por el vocal José Manuel Gómez Benítez y se negó a hacer más valoraciones hasta que la Fiscalía se pronuncie sobre la misma, archivándola si estima que no hay delito o enviándola al Tribunal Supremo para que abra una investigación.
"En este caso hay que ser respetuoso con la Fiscalía y esperar a que tome una decisión sobre este asunto", apuntó Bravo, quien rehusó anticipar "cualquier escenario" hasta que dicho órgano tome una decisión, ya que de lo contrario estaría incurriendo en una "injerencia".
"Solo queda esperar la decisión y a partir de ese momento el Consejo adoptará la posición que considere más conveniente", recalcó la portavoz del CGPJ.
Preguntada sobre la existencia de reuniones entre los vocales para pedir explicaciones a Dívar, Bravo afirmó que es "obvio" que se producen encuentros en el seno del Consejo entre distintos vocales, porque el tema "afecta profundamente a la imagen de la institución y preocupa".
Bravo puntualizó, sin embargo, que no le consta que "el presidente ni ningún vocal del Consejo no hayan actuado con rigor", aunque reconoció que "no es su cometido" fiscalizar las cuentas de la institución.
"Existen servicios encargados de controlar el gasto del Consejo, que siempre ha actuado con el máximo rigor en materia presupuestaria, sobre todo en un momento de crisis como el actual", agregó Bravo.
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, emplazó ayer por su parte a Dívar a dimitir de inmediato sin esperar a la decisión que adopte la Fiscalía. A su juicio, la Presidencia del Tribunal Supremo exige un plus de "ética".
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