CDC amaga con mantener la consulta incluso si la veta el Constitucional

La Diada se aproxima y los ánimos se calientan en Cataluña en varios y jugosos frentes. El de la consulta del 9 de noviembre es obviamente el principal: el coordinador general de CDC, Josep Rull, avisó ayer de que si el Tribunal Constitucional (TC) suspende eventualmente el referéndum, su partido no se quedará "de brazos cruzados al día siguiente" y seguirá trabajando en los preparativos para su celebración.

En rueda de prensa tras la reunión del comité ejecutivo del partido, y acompañado del vicesecretario de Coordinación Institucional de CDC, Lluís Corominas, Rull recordó que quien suspenderá la consulta no será el Alto Tribunal, sino un "automatismo, ya que en el momento que entra a registro el recurso, queda automáticamente suspendida". "Lo primero que nos corresponderá es pedir que se levante la suspensión y seguir trabajando para que sea posible el 9 de noviembre. No nos quedaremos de brazos cruzados al día siguiente, porque tenemos los elementos, las herramientas y la convicción, la determinación y las ganas de hacer bien las cosas", explicó.

Preguntado sobre qué ocurriría si se llegara al 9-N con la consulta aún suspendida, Rull apuntó que, en ese caso, se deberá decidir "desde el consenso de las fuerzas políticas catalanas. En todo caso, consideró "poco solvente en términos jurídicos" cuando el Gobierno "habla con esta rotundidad de legalidad o ilegalidad". A su juicio, Cataluña está ofreciendo "alternativas" y demostrando que la ley de consultas "no es un problema, sino la solución y una oportunidad, ya que es plenamente legal en términos constitucionales y estatutarios".

Mientras, Esquerra sigue presionando. La portavoz del partido, Anna Simó, pedió a CiU y al Govern que cumplan con los acuerdos para celebrar la consulta soberanista frente a un Tribunal Constitucional "altamente politizado" que no debe estar "por encima" de la voluntad mayoritaria de los catalanes de decidir su futuro.

Después de que el domingo el líder de ERC, Oriol Junqueras, afirmase que la legitimidad del TC es "inexistente", ayer la vicepresidenta del Govern catalán, Joana Ortega, advirtió que "ningún partido con voluntad de gobierno y no residual puede pedir a un gobierno que actúe al margen de la ley", porque "las normas se tienen que cumplir".

Para contrarrestarla, Simó argumentó que la consulta soberanista tiene la "legitimidad" y la "legalidad" que le proporcionan el Estatut y la ley de consultas que aprobará el Parlament la segunda quincena de septiembre, además de haber sido acordada por una "amplia mayoría" de la cámara catalana.

También mueve fichas el PSC, que anunció que, a pesar de que su partido apoyará la ley catalana de consultas, trabaja en enmiendas para "mejorarla", una de ellas para que se incorpore en la ley la previsión de que la doble pregunta sea objeto de consulta en el Consejo de Garantías. En rueda de prensa tras la reunión de la comisión ejecutiva del partido, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, señaló que la ley que aprobará el Parlament no servirá para la consulta que se convocará para el 9 de noviembre. Por ello, presentará enmiendas "para mejorarla, siguiendo aquello que dice el dictamen del Consejo de Garantías", ya que la consulta "que se quiere hacer, con la doble pregunta planteada, no pasa el filtro de la propia ley".

El otro gran asunto, con ramificaciones que afectan al proceso independentista, es el caso Pujol [ver información inferior]. La Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament votará hoy por unanimidad (CiU incluida, por tanto) que comparezca en la cámara catalana el ex presidente de la Generalitat, tras confesar que tuvo cuentas en el extranjero sin regularizar.

La votación, a las 9:30, llegará el día después de que Rull asegurase que CiU votará a favor de la comparecencia, que pidieron todos los partidos salvo la federación nacionalista. ERC considera que Pujol debe comparecer como muy tarde el viernes y, si no lo hace, pedirá crear una comisión de investigación. El PP reivindica esa comisión e ICV ha exigido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y al Govern a querellarse contra Jordi Pujol.