El juez Castro investiga el supuesto patrimonio oculto de Matas en EEUU

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha levantado el secreto que pesaba sobre unas investigaciones relativas al patrimonio ilícito que supuestamente tiene oculto en Estados Unidos el ex presidente del Govern Jaume Matas, quien fijó allí su residencia tras perder las elecciones autonómicas y municipales de 2007, según han informado fuentes jurídicas. El magistrado da impulso así a unas pesquisas que se iniciaron hace cuatro años y que se han mantenido hasta ahora bajo secreto. Las sospechas afloraron, entre otros motivos, cuando el ex ministro tuvo que hacer frente a la fianza de tres millones de euros que el juez le impuso en marzo de 2010, y cuyo pago le permitió eludir entonces su ingreso en prisión preventiva.

Con esta diligencia, Castro da por finalizada la comisión rogatoria librada a Estados Unidos para investigar la procedencia del dinero, después de que las autoridades hayan entregado un informe al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, parcialmente traducido al castellano. Asimismo, entre la documentación cuyo secreto ha sido levantado se encuentra un detallado anexo sobre las cuentas de Matas. Las actuaciones acerca de este patrimonio de supuesto origen irregular han sido unidas a la pieza principal del caso Palma Arena, que estalló en agosto de 2009 y del que se desgajaron hasta un total de 27 piezas separadas. Las pesquisas relacionan el sobrecoste del Palma Arena -que acabó costando a las arcas públicas 110 millones de euros, el doble de la cantidad inicialmente presupuestada- con los elevados gastos en que incurrieron Matas y su mujer durante la época en la que por segunda vez fue presidente balear (2003-2007).

Sin embargo, durante su primera declaración ante el juez José Castro, en marzo de 2010, el expresidente justificó sus dispendios en el cobro de ingresos no declarados por el alquiler de una vivienda de Palma. Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau pusieron la lupa sobre el exmandatario en 2009 tras detectar posibles irregularidades en la compra de la vivienda que posee en la céntrica calle palmesana de Sant Feliu, conocida como 'palacete', por la que el exdirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones.

A partir de ese momento, se iniciaron unas intensas investigaciones conocidas con el nombre de Operación Buckingham y dirigidas a averiguar los pormenores que rodearon al enriquecimiento presuntamente ilícito y el elevado tren de vida que llevó Matas mientras era presidente, y que según las pesquisas no se correspondían con los ingresos que obtenía como jefe del Ejecutivo autonómico. Efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el palacete y donde su mujer efectuó lujosas y continuas compras en efectivo, tal y como documentaron los agentes. Sin embargo, todo ello no impidió que el entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acabase en julio de 2009 archivando las pesquisas tras agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por Carrau y Horrach.

Castro judicializa las investigaciones sobre el patrimonio de Matas

Así, fue dos meses después cuando el juez Castro decidió incorporar al caso Palma Arena las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al observar indicios de su relación con la presunta trama de corrupción en torno al velódromo. A partir de ese momento, diversos proveedores que participaron en la reforma del palacete y propietarios de varias tiendas, interrogados por el magistrado para indagar en el nivel de vida disfrutado por la familia Matas, aseguraron haberse embolsado del ex presidente más de 300.000 euros en dinero negro.

Se trata así de unos hechos que constituyen una de las principales líneas de investigación del caso Palma Arena, centrado en el supuesto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007), considerado la infraestructura estrella de la última legislatura de Matas.