El Congreso aprueba la reforma sin que PSOE y PP logren más apoyo

El Congreso ha dado luz verde a la reforma de la Carta Magna que consagra la estabilidad presupuestaria de las administraciones, pero PSOE y PP ni siquiera han logrado todos los votos que suman sus 321 diputados y se han encontrado con el plante de los nacionalistas y la izquierda minoritaria. Después de una intensa jornada de reuniones a varias bandas para tratar de acercar posturas con CiU, finalmente la reforma ha salido con los únicos votos a favor del PSOE (y no de todos sus diputados), del PP y de UPN.

La jornada ha servido además para volver a escenificar la división interna que esta reforma constitucional ha generado en las filas socialistas, porque al voto discrepante ya conocido de Antonio Gutiérrez se ha sumado la decisión de otros tres diputados -Manuel de la Rocha, José Antonio Pérez Tapias y Juan Antonio Barrio- de no acudir a votar para no tener que hacerlo en contra. Aunque no ha habido problemas para que la proposición de ley obtuviera los tres quintos imprescindibles, lo cierto es que un diez por ciento de los diputados ha preferido no participar en la votación y algunos de ellos han decidido abandonar el hemiciclo. Ese ha sido el caso de los representantes de la izquierda minoritaria, como ERC, ICV, BNG y NaBai, aunque el diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha tenido que quedarse en su escaño para rechazar que se votaran dos enmiendas transaccionalespactadas por PSOE y PP con CiU, y una vez comenzada la votación y cerradas las puertas ya no ha podido salir.

Una postura insólita han adoptado también los nacionalistas vascos y catalanes, ya que han permanecido en el salón de plenos pero no han pulsado ningún botón, por lo que en las actas están contabilizados como "ausentes". Posteriormente, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha asegurado a los medios que la intención de su grupo era no participar en la votación, incluso aunque se hubieran aprobado las dos enmiendas transaccionales que habían pactado.

El día ya había comenzado con tensiones debido a la decisión de la Mesa de la Cámara Baja de no admitir buena parte de las enmiendas de los distintos grupos, como las de la totalidad o las del PNV y ERC que pretendían incluir el derecho de autodeterminación. Desde CiU, el diputado Josep Sánchez Llibre ha defendido sus propuestas con el argumento de que servían para recuperar el consenso constitucional del 78, "dinamitado en cuatro días de agosto" por PSOE y PP.

Para los representantes de ERC e IU-ICV, la reforma es profundamente antisocial y "rabiosamente centralista" y con ella, en palabras de Joan Ridao, se consuma "un auténtico atentado contra el autogobierno" y un "golpe de Estado constitucional". El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ha insistido en defender el derecho de autodeterminación, pese a que la enmienda no ha sido admitida, y se ha quejado del abuso, del exceso, de la desproporción y del "alarde de sectarismo y exclusión" de los dos partidos mayoritarios.

Coalición Canaria, que el pasado martes se abstuvo, ha votado en contra porque, según su diputado Fernando Ríos, la reforma tiene "como única finalidad calmar a los mercados". Todo el grupo mixto, excepto UPN, ha arremetido duramente contra las formas empleadas por los dos partidos mayoritarios para rechazar gran parte de las enmiendas sin llegar a discutirse en pleno. Frente a las críticas de los grupos, la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respondido que no era posible dejar que las comunidades fijen su déficit, mientras que su homólogo del PSOE, José Antonio Alonso, ha negado que la reforma suponga recortes y ha avisado de que si en un futuro los hay, serán responsabilidad de los gobernantes de turno.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha salido del pleno "razonablemente satisfecho", según ha comentado a los periodistas, en tanto que el líder del PP, Mariano Rajoy, ha declarado estar "muy contento" con la reforma, porque, a su juicio, "viene muy bien para la confianza de España". Para el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, esta modificación constitucional refuerza la solvencia del país.

El texto sale del Congreso tal y como entró, con la única excepción de una matización gramatical sugerida por el presidente del Congreso, José Bono, que ha sido aceptada, de manera que el párrafo tercero del artículo 135.3 pasa de ser "...en relación al PIB del Estado" a "...con relación al PIB del Estado". Será en esos términos en los que llegue al Senado, donde previsiblemente se aprobará el próximo miércoles. Después, se abrirá un plazo de quince días para que los interesados en convocar un referéndum consigan el 10 por ciento de los apoyos de los diputados o de los senadores.