Corbacho anuncia la despenalización del delito de 'hospitalidad' con los inmigrantes

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció que el Gobierno modificará al menos dos de los artículos de su anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que más críticas han suscitado entre los sectores jurídicos, las ONG y las asociaciones de inmigrantes: el que penaliza la hospitalidad y el relativo a la repatriación de los menores extranjeros no acompañados.

En declaraciones a los medios durante su visita oficial a Rumania, Corbacho afirmó que tras conocer el informe sobre el anteproyecto elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece que "está mal o no se entiende" el artículo 53 del anteproyecto que tipifica como falta grave con multa de hasta 10.000 euros el mantener económicamente en España a un inmigrante en situación irregular.

"Nunca se va a perseguir a quien ejerza ayuda humanitaria en origen o destino, eso no va a ser objeto de sanción", explicó el ministro, en relación a que se pudiera multar a una ONG que tuviera en acogida a un inmigrante 'sin papeles' y, por tanto, se hiciera cargo de su sostenimiento económico en España. "Se entiende que ninguna de estas entidades va a hacer tráfico de personas ni contratación irregular (...) así que se matizará", apuntó Corbacho.

Esta era una de las demandas del CGPJ, que pedía en su informe al Gobierno que "examinase la posibilidad de excluir" en el texto los meros actos de hospitalidad "con el fin de que no pueda incluirse como conducta infractora la actividad puramente solidaria de aquellas entidades que, sin ánimo de lucro, dedican su actividad a la atención social de los inmigrantes".

En cuanto a la regulación de la cuestión de los menores inmigrantes no acompañados, el ministro avanzó que el anteproyecto incorporará la obligatoriedad de que los niños "sean escuchados antes de la repatriación" conforme reclamaba también el máximo órgano de los jueces, por considerar "necesaria" la audiencia del implicado en la tramitación del procedimiento como indican las sentencias al respecto del Tribunal Supremo y del Constitucional.

Sin embargo, el ministro no se refirió a otra de las demandas del CGPJ, la Abogacía del Estado, el Foro de Integración de Inmigrantes y las ONG que compete al Ministerio del Interior: la ampliación prevista del plazo de internamiento previo a la expulsión, que pasaría a ser de 60 días y que podría prolongarse en caso de que el cómputo de días fuera suspendido temporalmente si el extranjero enfermase o solicitara asilo.

Tras el veredicto de los órganos consultivos y a falta del dictamen del Consejo de Estado, el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería volverá "en mes y medio" con las modificaciones oportunas realizadas al Consejo de Ministros, que ordenará su registro en el Congreso de los Diputados para el inicio del trámite parlamentario, conforme explicó Corbacho.