Documentación: El fallo del Supremo cierra doce años del proceso judicial del caso Nóos

La resolución del Tribunal Supremo de los recursos contra la sentencia del caso Nóos culmina el proceso judicial sobre una trama destapada hace 12 años, cuando un diputado socialista pidió explicaciones al Govern balear por el alto coste de un foro de turismo y deporte organizado por Iñaki Urdangarín.

Antoni Diéguez, que en la actualidad preside el Consejo Consultivo de Baleares, denunció en una rueda de prensa el 16 de febrero de 2006 que el Instituto Nóos de Urdangarín, elegido a dedo por el entonces presidente Jaume Matas, había cobrado 1,2 millones de euros por organizar en Palma un encuentro de deportistas y gestores con dos jornadas de trabajo efectivas.

En agosto de 2008, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella por varios presuntos delitos de corrupción con lo que se inició el llamado caso Palma Arena, a partir de la investigación del posible sobrecoste para construir ese velódromo palmesano.

Dos años después, una carpeta de esa causa daría pie a su vez a otra pieza separada, la número 25, que se ha colado en la historia al sentar a Urdangarín y la infanta Cristina en el banquillo. La abrió el juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro, recientemente jubilado.

Cuando los investigadores terminaron de echar las cuentas habían averiguado que el Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro, había recibido más de 5,8 millones de euros de organismos públicos entre 2004 y 2007, de los que 5,6 millones habían ido a parar a las distintas empresas propiedad de Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres.

Su forma de tributar a Hacienda y la presencia de sociedades internacionales y cuentas en el extranjero llevó a los investigadores a indagar posibles delitos fiscales y blanqueo.

A partir de ahí se fueron sucediendo hitos, entre ellos la imputación del entonces duque de Palma, hace ahora seis años y medio, y luego la de su esposa, que el 8 de febrero de 2014 compareció ante el juez para prestar declaración.

Finalmente, la infanta Cristina, su marido, el socio de éste y otras catorce personas fueron juzgadas en 2016, entre el 11 de enero y el 22 de junio, jornada en la que el proceso quedó visto para sentencia después de las declaraciones de más de 200 testigos.

En febrero del año pasado, el tribunal condenó a 7 de los 18 acusados. Únicamente tres de ellos recibieron condenas que implicarían el ingreso en prisión, que suman en total 18 años y 5 meses de cárcel. Absolvió a los demás, incluida la infanta Cristina, a quien la Audiencia consideró responsable civil a título lucrativo por 265.088 euros.

También quedaron absueltos los acusados de las ramas valenciana y madrileña del caso.

Los tres condenados con penas de prisión por la sección primera de la Audiencia de Palma fueron Urdangarín, a 6 años y 3 meses, Torres, a 8 años y 6 meses, y el exministro y expresidente Matas, a 3 años y 8 meses. Todos recurrieron.

La sentencia declaró probado que la entidad que dirigían Urdangarín y Torres fue contratada para llevar la oficina del proyecto del equipo ciclista Illes Balears y para organizar los eventos IB Fórum de 2005 y 2006, prescindiendo de la tramitación legal y por decisión unilateral de Matas, ante la influencia y posición privilegiada del yerno del rey.

Al menos les pagaron 619.000 euros por trabajos que llegaron a ejecutarse o que no tenía que pagar el gobierno autonómico.

Cuatro ex altos cargos del Govern balear, entre ellos el director general de Deportes, José Luis "Pepote" Ballester, amigo de la infanta y Urdangarín, recibieron condenas por intentar revestir de legalidad las decisiones unilateralmente adoptadas por Matas, pero ninguna de cárcel.

Además, según el tribunal, Torres y Urdangarín tributaron a través del Impuesto de Sociedades lo que, en realidad, eran rendimientos devengados como consecuencia de su actividad profesional, que debieron haber tributado a través del IRPF. En el caso de Urdangarín, la sala consideró que defraudó 255.905 euros. Torres también superó los 120.000 euros que fijan la comisión de delito.