Las Claves
Pilar Cernuda
La corrupción acecha a La Moncloa
NI el PP ni el PSOE llevaban en sus programas electorales una reforma de la Constitución para establecer un techo de gasto y un tope de déficit para todas las administraciones públicas, pero a sólo dos meses de que finalice la presente legislatura, las Cortes aprobarán una modificación en la Carta Magna que había sido solicitada en más de una ocasión por la canciller alemana, Angela Merkel. Si bien es cierto que el PP había solicitado que se retomara en la ley de estabilidad presupuestaria el compromiso del déficit cero, no fue hasta el año pasado cuando Mariano Rajoy solicitó la reforma de la Constitución, rechazada entonces tanto por Zapatero como por el candidato Pérez Rubalcaba. El objeto de discusión no es el de la necesidad de una ley que marque una regla de tope, sino si ésta debe incrustrarse en la Constitución. España, como los países del euro, ya asumió un compromiso de estabilidad por el que el déficit no podía sobrepasar el 3%. De lo que se trata con la inclusión en la Constitución es de forzar al máximo el cumplimiento de esta regla de saneamiento. Alemania ya reformó su Constitución en este sentido, y desde hace meses Merkel lo lleva solicitando al resto de países del euro. Recientemente, también convenció a Sarkozy para lo mismo. Se trata de una medida, pues, de un importante calado para las administraciones españolas, que ahora deberán asumir la austeridad como un principio constitucional, pero también de un gesto exterior para garantizar la supervivencia del euro y contentar a los países como Alemania que solicitan esfuerzos a quienes son ayudados. No tiene por qué ser malo: todo lo contrario. Habrá que conocer -y parece que será pronto- cómo se articula esto en la Carta Magna, porque, según indicó Zapatero, la obligación sería a medio y largo plazo, por lo que no se trataría de una imposición anual que atase de manos cualquier acción de gobierno con independencia de cuál fuera la coyuntura económica. Esto también sería aconsejable. Francia, a diferencia de Alemania que impone un 0,35% de déficit anual, también optará por una obligación más flexible en el tiempo.
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