La Fiscalía del Supremo insiste en que no existe delito en el caso Dívar

La Fiscalía del Tribunal Supremo se opuso a que se admita a trámite la querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, por presunta estafa en los viajes que hizo a Marbella a cargo del Consejo al estimar que los hechos no son constitutivos de delito.

Así lo expuso el teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín Casallo en el escrito dirigido a la sala segunda del alto tribunal, en el que se opuso a que se admita la querella presentada contra Dívar por la asociación Preeminencia del Derecho por estafa o apropiación indebida "o en su defecto por malversación".

Martín Casallo, que el pasado 21 de mayo archivó la denuncia del vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez contra Dívar, hizo hincapié en esta ocasión en la dualidad entre "autoridad" y "funcionario público" a la que hace referencia el tipo penal de la malversación pública y señaló que Dívar responde a la primera y no a la segunda.

"No porque su nivel de exigencia deba ser distinto entre uno y otro, ya que se trata siempre de la misma conducta (sustracción) que opera en todo caso sobre caudales o efectos públicos, sino porque la autoridad, como grado o jerarquía máxima de quienes ejercen funciones públicas, presenta, a diferencia del funcionario, unos límites más imprecisos, más borrosos", subrayó el escrito.

Y en ellos, añadió el teniente fiscal del Tribunal Supremo, "a veces resulta muy difícil de separar o delimitar la actividad pública de la privada a efectos de establecer cuándo debe darse por terminada una para entender comenzada la siguiente".

Por su parte, el PSOE envió un escrito al presidente del Congreso, Jesús Posada, pidiéndole que la Mesa del Congreso rectifique el veto a la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, desoyendo la advertencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que el Parlamento no tiene competencias para controlar al máximo representante del Poder Judicial.

En su texto, los socialistas recuerdan que en su solicitud pedían la presencia de Dívar en la Comisión de Justicia para que diera cuenta de la ejecución presupuestaria del órgano de gobierno de los jueces basándose en los términos previstos en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2003 que avalaba la legalidad de la colaboración del CGPJ con el Parlamento.