Garzón alega ante el TS que quería proteger a víctimas del franquismo
El juez declara durante dos horas y media imputado por prevaricación
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón defendió ayer durante dos horas y media su competencia para investigar las fosas del franquismo ante el instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela, que instruye la querella interpuesta por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, en la que se le acusa de un delito de prevaricación en relación con la causa abierta por este magistrado por las desapariciones tras la Guerra Civil Española.
Garzón llegó en coche al tribunal a las doce y cuarto de la mañana, y a su entrada fue jaleado por una decena de representantes de las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, que gritaron "vivas" y "libertad" para el juez de la Audiencia Nacional. Momentos antes había llegado a la sede del alto tribunal el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, quien señaló que el juez se limitaría a contestar a las preguntas que le realizaran las partes. "Hoy es un día de hechos, no de argumentos", indicó el letrado. Fuentes próximas al magistrado informaron a Efe de que Garzón sostuvo en el Tribunal Supremo que al abrir una causa sobre las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo no se apartó de la "finalidad legal" de investigar los hechos, depurar las posibles responsabilidades y, especialmente, dar protección a las víctimas. Garzón explicó al instructor la historia del procedimiento y por qué se declaró competente, según esas fuentes, que subrayaron que el juez recordó que le sorprendió que en España, al contrario de lo que sucede en otros países europeos que han vivido circunstancias similares, no exista un censo oficial de víctimas de la represión franquista.
En su recurso ante el Tribunal Supremo, el juez niega haber prevaricado y recuerda que ni el fiscal ni los magistrados de Sala de la Audiencia Nacional cuestionaron esta decisión como "extravagante, absurda o esperpéntica" o como constitutiva de un delito de prevaricación. Estima además que si lo que se considera prevaricación es el hecho de declararse competente "la situación injusta ya se habría resuelto" con la inhibición y con la estimación de la cuestión de competencia que planteó el fiscal ante la Sala.
El juez decidió en noviembre de 2008 inhibirse de esta causa a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas que mandó abrir al declararse competente para instruir este procedimiento.
"Tratan de sancionar al primer juez que desde la entrada de las tropas del general Franco en Madrid, en 1939, ha abierto una investigación contra los crímenes contra la Humanidad, perpetrados durante su régimen fascista", señala una nota firmada por una veintena de asociaciones para la recuperación de la Memoria.
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