Garzón, condenado por las escuchas del 'caso Gürtel'

El Tribunal Supremo ha condenado a once años de inhabilitación a Baltasar Garzón al considerar que prevaricó al intervenir las conversaciones entre imputados en el caso Gürtel y sus abogados, poniendo así fin a una carrera de 30 años en la que se convirtió en el estandarte de los llamados jueces estrella.

Por unanimidad, los siete magistrados que formaban el tribunal han considerado que, al ordenar la grabación de las conversaciones que los presuntos cabecillas de la trama Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados, Garzón adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable". "La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia", afirma la sentencia, que también señala que Garzón admitió "prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado".

La alusión a prácticas totalitarias resultará especialmente dolorosa para alguien que, como juez, persiguió los crímenes cometidos por las dictaduras chilena y argentina y trató de investigar los del franquismo y que, según confesaba su abogado, Francisco Baena Bocanegra, ha quedado "desolado" tras el fallo. "Puede usted imaginárselo: Una vida entera dedicada a la judicatura y que de pronto te digan que se ha acabado... Es para estar desolado", ha señalado el letrado.

La reacción del abogado de Garzón contrasta con las del abogado del presunto máximo responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, que ha considerado que la condena "coloca las cosas en su sitio". José Antonio Choclán ha mostrado su satisfacción "profesional, que no personal" por la sentencia, de la que ha dicho que era "necesaria" para el Estado de Derecho y para "marcar un patrón para la actuación de la Fiscalía". En parecidos términos se ha pronunciado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, que ha asegurado que "no es nada agradable" que en un Estado democrático se condene a un juez como Garzón, pero ha subrayado que "si se restringe el derecho de defensa, enferma el Estado de Derecho".

Garzón "rechaza" la condena del Supremo y anuncia que recurrirá

Baltasar Garzón rechazó "frontalmente" la sentencia y anunció que la "combatirá" por las vías legales y con las acciones pertinentes. "Rechazo frontalmente la sentencia", manifestó en un comunicado (pdf) en el que aseguró que la decisión no se ajusta a Derecho y que fue condenado "de forma injusta y predeterminada". "En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas", manifestó el magistrado.

En el comunicado, Garzón aseguró que sus derechos "han sido sistemáticamente violentados" durante el proceso en el que se le ha juzgado por las escuchas que ordenó en el marco del caso Gürtel. Reiteró además que su actuación en la investigación del entramado de corrupción se ajustó a la Ley. "Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban", indicó. "Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España", concluye la nota.

Dívar cree un "atentado al Estado de Derecho" las críticas al Supremo

Las críticas al fallo han superado en mucho a los elogios y se han dejado oír no solo en España, hasta el punto de que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, hacía una declaración institucional en defensa de los magistrados que han condenado al juez. En ella, Dívar ha calificado de "inaceptables" las críticas y ha dicho que constituyen "un grave atentado al Estado de Derecho". Desde el "más absoluto respeto al derecho a la crítica de las resoluciones judiciales", el presidente del Supremo dice que el tribunal, "con absoluta independencia e imparcialidad, ha dictado por unanimidad esta resolución que pone fin a un proceso judicial transparente y lleno de garantías, como viene haciendo en todos los asuntos de que conoce".

"Son, por tanto, de todo punto inaceptables los ataques tanto personales como institucionales que cuestionan de manera frívola y carente de fundamento la actuación del Supremo, deslegitimando la institución y desacreditando a sus componentes, a los que se atribuyen otras intenciones más allá de la recta e imparcial aplicación de la ley, lo que constituye un grave atentado al Estado de derecho", añade. Dívar señala que "la función primordial que un Poder Judicial independiente desempeña en el Estado democrático y de derecho para salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos y para asegurar que la aplicación de la Ley sea igual para todos" y sale al paso de las descalificaciones recibidas por los miembros del tribunal, cuya imparcialidad fue puesta en duda desde el primer momento por el entorno de Garzón dada la presencia en el mismo de Luciano Varela y de Manuel Marchena, que además de haberle juzgado por las escuchas instruyen otras causas contra él.

Varela es el magistrado que ha llevado al juez al banquillo de los acusados por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, que esta semana ha quedado visto para sentencia, mientras que Marchena acaba de imputarle por cohecho impropio por los patrocinios de cinco empresas españolas a los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.

El próximo martes, si no lo hace antes de forma extraordinaria, la Comisión Permanente del CGPJ hará efectiva la expulsión de la carrera judicial de Baltasar Garzón, que perderá su condición de juez y, con ella, los honores y reconocimientos que acompañan al cargo. Acabará así una carrera que se inició en un juzgado de Valverde del Camino (Huelva), que alcanzó su momento cumbre en la Audiencia Nacional -donde investigó los GAL, puso cerco al entorno mediático y político de ETA, suspendió la actividad de Batasuna y procesó a Ben Laden- y que acabó, sin que él lo supiera, cuando un día de febrero de 2009 firmó un auto autorizando unas escuchas en prisión.