El Gobierno valenciano reconoce que la Policía le ha pedido documentación relacionada con Nóos

Valencia/El Gobierno valenciano ha aclarado este viernes que la Policía, dentro de la investigación que se lleva a cabo sobre el Instituto Nóos, que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, reclamó este jueves a la Generalitat documentación de los años 2005 y 2006, que ya se remitió en noviembre de 2011, y ha concretado que no solicitó ninguna factura en relación con el caso investigado.

El vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar, había indicado en la rueda de prensa posterior al pleno que la Policía había solicitado facturas de los años 2005 y 2006 y que se había tomado declaración como testigo a un funcionario de la Consejería de Presidencia, que era quien custodiaba esos documentos. Sin embargo, posteriormente, desde el Gobierno valenciano se ha aclarado que no se trata de facturas sino de documentación y han indicado que toda la información requerida ya se remitió en noviembre de 2011. Asimismo, han apuntado que la Policía tomó declaración al secretario general administrativo de la Conselleria, un funcionario que accedió al cargo en julio de 2007 por lo que no tramitó ningún expediente en las fechas requeridas.

Císcar ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por la actuación de la Policía y el fiscal Anticorrupación de Palma desarrollada este jueves en Valencia y en la que se llevó a cabo también un registro en la empresa Lobby Comunicaicón, cuyo propietario, Miguel Zorío, está imputado en el caso Nóos.

El vicepresidente ha negado que haya habido registros en dependencias de la Generalitat valenciana y, preguntado por si este viernes se están produciendo nuevos interrogatorios, ha asegurado no tener constancia. En todo caso, ha hecho hincapié en la predisposición de "máxima colaboración" con la Justicia. "Estamos a disposición de los tribunales y de la Fiscalía para que se investiguen todo los hechos que estos órganos consideran que tienen que investigarse", ha resaltado Císcar, quien ha reiterado la "absoluta predisposicion" del gobierno de Fabra a colaborar con la Justicia.

El pasado mes de noviembre de 2011 agentes de la Policía judicial se personaron en la sede de la Consejería de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) para pedir, por orden del juez instructor del 'caso Palma Arena', información de la relación de la Generalitat valenciana con el Instituto Nóos, relativa a dos contratos suscritos por ambas entidades con la sociedad que fundó y presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

La información que se facilitó a la Policía era relativa a un contrato de CACSA de fecha 2004 para la celebración del evento Valencia Summit y otro suscrito en 2005 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, dependiente de la Conselleria de Presidencia, en relación con la celebración de unos juegos europeos que finalmente no se llevaron a cabo.