El Gobierno Vasco inicia el pago de la extra de Navidad que estudiará el Constitucional

Madrid/El Gobierno Vasco en funciones ha iniciado el procedimiento para hacer efectivo el abono de la paga extra de Navidad a sus funcionarios, una medida que será estudiada por el pleno del Tribunal Constitucional que comienza este martes. La nómina de diciembre, junto con la extra, la cobran habitualmente los 67.000 funcionarios vascos el día 20, con lo que este lunes era la fecha tope para iniciar los trámites administrativos con el fin de hacerla efectiva.

Fuentes de la Presidencia del Gobierno socialista saliente han explicado que la orden de pago está dada y ya ha comenzado el procedimiento para llevarla a efecto mediante la carga de las nóminas en el programa, dar la orden de inicio y otra de libramiento, pese al conflicto de competencias planteado por el Ejecutivo central en contra de esta medida.

La decisión del Gobierno Vasco ha sido incluida en el orden del día del pleno del Constitucional convocado para los próximos tres días. En el caso de que admita a trámite el conflicto de competencias, el Tribunal podría pronunciarse además sobre la suspensión cautelar del pago de la extra. El Gobierno Vasco no ha querido analizar lo que podría ocurrir en caso de que el Constitucional decida paralizar la orden de pago, aunque ya ha avanzado que "sin daños es imposible" ejecutarla, en referencia a los perjuicios que pudiera ocasionar a los funcionarios.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, opinó hace unos días que cuando el Gobierno de Vitoria en funciones ejecutase la orden de pago de la extra el Constitucional no podría ya suspender esta medida. Precisamente, la Fiscalía del País Vasco ha informado de que no ha actuado de oficio ni ha recibido ninguna denuncia contra responsables del Gobierno Vasco en funciones. El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha explicado que los funcionarios de la Administración vasca están a la espera de si el Constitucional admite el recurso del Gobierno que conllevaría la suspensión del acuerdo impugnado.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, calificó de "ilegal" el abono de esta paga y advirtió de que a los funcionarios que decidieran pagarla se les exigirían las responsabilidades que recoge el Código Penal, que llevan "aparejadas una suspensión especial de cualquier cargo público por un periodo entre siete y diez años". Calpasoro ha asegurado que hasta el momento "la Fiscalía vasca no ha actuado" contra ningún responsable del Gobierno Vasco y que para plantear esas imputaciones habría que iniciar un proceso penal paralelo, si es que el Constitucional determinara la prevalencia de ley básica del Estado. Además, ha explicado, se determinará si la decisión del Gobierno Vasco de incumplir esa ley respondió a un acto doloso y arbitrario, y, por lo tanto, delictivo.

Esta circunstancia, podría conllevar finalmente que un consejero o el lehendakari, como responsables últimos de esa decisión política, fueran imputados por un delito de prevaricación administrativa que acarrearía penas de inhabilitación. El lehendakari en funciones, Patxi López, ha asegurado no temer "en absoluto" las consecuencias de una posible inhabilitación por ordenar el abono de esa paga, porque los argumentos del Gobierno Vasco "son muy sólidos". Así, ha expresado su convicción de que el Tribunal Constitucional dará "la razón" al Gobierno autonómico porque le amparan razonamientos tanto políticos como jurídicos, ya que "solo cumple con la legalidad" una vez que esa paga aparece reflejada en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.