El Gobierno sólo ve posible reformar la Constitución con consenso y prudencia

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerado que sólo con consenso, concordia y prudencia podría abordarse una reforma de la Constitución, y ha advertido de que el objetivo debería ser mejorar el texto actual y no abrir debates que no se sepa cómo cerrar.

Sáenz de Santamaría ha expuesto esa reflexión en su comparecencia ante la comisión Constitucional del Congreso para dar cuenta de las prioridades del Gobierno durante la legislatura en los asuntos que son de su competencia.

La reforma de la Constitución y la relación del Gobierno con Cataluña han ocupado parte de sus intervenciones y de los portavoces de los grupos, aunque la vicepresidenta ha aprovechado para anunciar algunas iniciativas e invitar al Congreso a debatir sobre otras.

Entre ellas, la forma de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos en la red, ya que considera que existe una desprotección en este ámbito.

Respecto a la reforma constitucional, ha insistido en la imperiosa necesidad del acuerdo.

"Si el consenso, si la búsqueda de la concordia guía nuestros trabajos, acertaremos. Acertaremos si lo hacemos con prudencia, analizando muy bien nuestros consensos y disensos y trabajando desde el primer momento", ha recalcado.

De otro modo, según ella, se correrá el riesgo de malograr lo que hace cuarenta años cree que los españoles supieron construir con generosidad y sin sectarismos.

A su juicio, sólo se puede abordar una reforma constitucional si se tiene el objetivo común de mejorar el texto, se hace "paso a paso" y no se abre un debate que después no se va a saber cerrar.

Sáenz de Santamaría ha constatado las dificultades existentes en la actualidad para lograr el acuerdo debido a las posiciones dispares de los diversos grupos como en el relativo al reconocimiento del derecho de autodeterminación.

En ese sentido, ha recalcado que la Constitución debe ser de todos. "Debemos ser muy conscientes -ha añadido- de que podamos implicar a todos los partidos y a un importante volumen de ciudadanos en toda España para que esa reforma sea avalada como lo fue en 1978".

Aunque ha reiterado la posición contraria del Gobierno a un referéndum en Cataluña, ha ratificado la oferta de diálogo a la Generalitat sobre muchas cuestiones que preocupan a los ciudadanos.

Sáenz de Santamaría, quien ha informado de que en breve Mariano Rajoy enviará a los presidentes autonómicos la carta de convocatoria de la Conferencia de Presidentes, ha garantizado la intención del Gobierno de reducir litigios con las comunidades.

También ha avanzado iniciativas como la aprobación antes del 30 de abril de cada año de un plan normativo con las leyes que elevará al Parlamento al ejercicio siguiente.

Además, ha considerado que ha llegado el momento de trabajar sobre los derechos de los ciudadanos en la red.

Cree que es necesario garantizar libertades como la de expresión -para hacerla compatible con cualquier otro derecho y con los derechos de los demás-, la protección de los menores en la red, la ciberseguridad, el derecho al honor o la protección de la intimidad, ya que cree que están desprotegidas en el ámbito digital.

Y ante la relación entre el Ejecutivo y las Cortes ha lanzado una advertencia:el Parlamento no es el adversario del Gobierno, "no sería lógico ni legítimo que esa fuera su postura", y su función es controlarle, pero no sustituirle.

En el turno de portavoces, el del grupo socialista, Gregorio Cámara, ha urgido al Gobierno a abordar de manera inmediata la reforma de la Constitución y ha avanzado que su partido presentará una solicitud para crear una subcomisión con el fin de iniciar un proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos para delimitar los aspectos compartidos de esa reforma.

"Apelamos a recuperar entre todos el espíritu de generosidad y compromiso de la Transición", ha indicado el portavoz socialista, quien ha reprochado al Ejecutivo alimentar con su actitud el "choque de trenes" entre el Estado y Cataluña.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha pedido al Gobierno "valentía" para cambiar la Constitución porque "este país necesita modernizarse", y ha advertido: "o reformamos o morimos".

El portavoz de En Podem Comú, Xavier Domènech, ha alertado de que el estado autonómico está "agotado" y que existe un clara crisis territorial en España; la de ERC, Ester Capella, ha criticado la falta de "voluntad política" del Gobierno con Cataluña; y el portavoz del PdeCat, Francesc Homs, ha pedido "diálogo constructivo, sereno y de verdad".

Por parte del PNV, Mikel Legarda ha lamentado los conflictos de competencias existentes entre el Gobierno central y el vasco, mientras que Marian Beitialarrangoitia, de Bildu, ha afeado el "tic autoritario" del Ejecutivo por acudir "sistemáticamente al Tribunal Constitucional".

Íñigo Allí, de UPN, ha advertido de que si se aborda una reforma constitucional nunca debe hacerse "como respuesta al estímulo del foco mediático" o "en respuesta a los nacionalistas".

En nombre del grupo popular, Francisco Martínez ha considerado una "gran falacia" el derecho a decidir.