El Gobierno responderá a preguntas de ERC sobre Urdangarín

El diputado de ERC Joan Tardá ya sabe cuáles son las 36 preguntas sobre la Casa del Rey que dirigió al Gobierno y cuya tramitación ha rechazado la Mesa del Congreso, entre las cuales figuran varias con las que pretendía averiguar si el príncipe y las infantas cobran un sueldo y cuál es su cuantía.

Sin embargo, sí han superado el filtro de la Mesa otras 63 cuestiones referidas a aspectos del funcionamiento de la Jefatura del Estado, incluidas algunas relativas al caso en que está implicado el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, investigado por supuesto uso irregular de fondos públicos por parte del Instituto Nóos.

La información facilitada por ERC sobre las preguntas rechazadas por la Mesa el pasado martes aclara que hacen mención principalmente a la asignación de sueldos a la Familia Real, a las donaciones que reciben sus miembros y también al pago de los gastos ocasionados por sus integrantes. Tardá pretendía saber si la Familia Real "paga los trajes que utiliza", si el Gobierno conoce si abona el suministro de luz o teléfono, y si existe trato de favor a las firmas proveedoras de la Casa del Rey.

También requería información sobre la fortuna personal del rey Juan Carlos, sobre los ingresos que recibe la Familia Real al margen de la asignación procedente de los Presupuestos del Estado y sobre la fiscalización de sus ingresos y gastos.

No tendrá el Gobierno que responder a estas cuestiones, porque la Mesa considera que o bien no son competencia del Ejecutivo o suponen una consulta jurídica.

El diputado de ERC sí tendrá noticia sobre algunos aspectos de las repercusiones del caso Urdangarín. Por ejemplo, se responderá a si el Gobierno "ante la alarma social e indignación generadas y las derivaciones que puede suponer tal caso para el deterioro de la institución monárquica, considera necesario informar al Congreso sobre el caso de posible corrupción que afecta a un miembro de la Familia Real?".

También plantea al Ejecutivo que opine si el proceso judicial en el que está investigado Iñaki Urdangarín "pone en tela de juicio la condición hereditaria de la más alta institución del Estado".