La Justicia catalana no ve delito en la declaración de ruptura del 'Parlament'

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado sendas querellas de Manos Limpias y UPyD contra los promotores de la resolución independentista aprobada por el Parlament el 9 de noviembre porque "no incluye una proposición a los ciudadanos para que se alcen públicamente y violentamente". En sendos autos recogidos por Europa Press, la Sala Civil y Penal del TSJC responde a los dos querellantes, que acusaban de los delitos de rebelión y sedición, que los hechos no son constitutivos "de este delito ni de cualquier otro ilícito penal".

Añade el tribunal, en su respuesta a UPyD, que la resolución ni siquiera va dirigida a la ciudadanía sino al Parlament, que no incluye expresiones que llamen al tumulto ni al desorden y que "la rebelión exige el empleo de la fuerza".La Fiscalía de Cataluña ha pedido por su parte que el Tribunal Supremo (TS) investigue al ex conseller de Presidencia Francesc Homs, ahora diputado en el Congreso, por su papel en la organización de la consulta independentista del 9-N tras ser suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

Según informaron a Efe fuentes jurídicas, en un escrito ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril, que instruye el caso, la Fiscalía plantea ampliar a Francesc Homs la investigación del 9-N, en la que hasta ahora permanecen imputados el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y las ex conselleras Irene Rigau y Joana Ortega.

Los fiscales solicitan al TSJC que redacte un informe motivado con los indicios sobre la implicación de Homs en la organización del 9-N y lo eleve al Tribunal Supremo, al que corresponde enjuiciar al ex conseller por su condición diputado del Congreso, y por lo tanto aforado, desde las últimas elecciones generales. El escrito del ministerio público detalla los indicios que implicarían a Homs en el delito de desobediencia en la consulta del 9-N que investiga el TSJC, principalmente por la relación del Departamento de Presidencia con el encargo de los servicios informáticos necesarios.

La investigación del TSJC se centra por ahora en dilucidar si el Gobierno catalán siguió adelante con los preparativos del 9-N después del 4 de diciembre de 2014, cuando el Constitucional suspendió la consulta, lo que podría constituir un delito de desobediencia.