Los inmigrantes del 'Open Arms' irán a España y otros cuatro países

El Gobierno ha advertido a la ONG Proactiva Open Arms de que nadie está "a salvo" de la ley, tampoco su barco, al que puede multar con hasta 901.000 euros por haber efectuado tareas de rescate en el Mediterráneo pese a tener una licencia que solo le permite transportar ayuda humanitaria.

Paralelamente, el Ejecutivo se encuentra a la espera de la resolución que tome la Fiscalía italiana, la misma que ayer ordenó el desembarco inmediato de los 83 inmigrantes que quedaban a bordo de la nave y la incautación de la misma, para tomar una decisión respecto al buque Audaz, que continúa su travesía hacia Lampedusa.

"De momento, vamos a seguir los acontecimientos al minuto, vamos a ver cómo evolucionan, qué decisión se toma en Italia y en función de la decisión que tomen, nosotros actuaremos en consecuencia", ha informado la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles.

El Audaz fue enviado ayer a la isla italiana con el objetivo de recoger y acompañar a los inmigrantes del Open Arms, que llegó a salvar la vida a 160 personas en los tres rescates que ha efectuado desde el pasado 1 de agosto y que serán repartidos entre España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal.

Personas que, según ha recordado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, fueron rescatadas por un barco que solo dispone de "licencia para ayuda humanitaria, para transporte de víveres".

"Las instituciones, los poderes y los ciudadanos, todos estamos sometidos a las leyes, y todo el mundo sabe lo que puede hacer y lo que no y nadie esta a salvo de esto, incluido un barco como éste", ha sentenciado Calvo.

Así, ha señalado que ya que Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, avisó al capitán del buque, de bandera española, de que podría ser multado con entre 300.000 y 901.000 euros si retomaba las tareas de rescate.

Lo hizo en una carta que el director general de este organismo, Benito Núñez Quintanilla, remitió al capitán del Open Arms el pasado 27 de junio, -un día después de que el barco saliera de Nápoles (Italia) con destino a las aguas del Mediterráneo central- para advertirle de las consecuencias de mantener su "pretensión de retomar los rescates".

En ella alertaba de que "no se podrán realizar operaciones de búsqueda y salvamento, en tanto no se cuente con la conformidad de la autoridad responsable de la región de búsqueda y salvamento (zona SAR) donde se navegue, y siempre bajo la coordinación de dicha autoridad".

Ni tampoco "efectuar navegaciones con el propósito" de llevar a cabo tareas de salvamento "u otras actividades que deriven con toda probabilidad en tales operaciones", aunque precisa que aquellas que "sean de carácter espontáneo u ocasional con motivo de la navegación normal del buque, estarán sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa internacional o nacional sobre salvamento marítimo".

Y continuaba: "al buque le podrá ser ordenado su regreso a puerto español para hacer efectiva la paralización si persiste en la conducta de acometer operaciones de búsqueda y salvamento sin dar cumplimiento a lo exigido normativamente".

El incumplimiento de la orden, zanjaba el escrito, será constitutivo de infracciones contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico marítimo, "pudiendo sancionarse cada una de ellas con multas de hasta 901.000 euros o 300.000 euros, respectivamente".

Incluso, concluía, puede conllevar la "suspensión del título profesional español" en los supuestos de infracciones graves o muy graves contra la seguridad marítima.

El recordatorio de Calvo ha sido contestado por el fundador de la ONG, Óscar Camps, con el siguiente mensaje en Twitter: "A menudo no sé si habla ella de verdad o Salvini es el ventrílocuo".

También han llovido las críticas de los partidos políticos por la gestión que el Ejecutivo ha hecho de la crisis del Open Arms, de forma que el PP y Ciudadanos han pedido que el presidente el funciones, Pedro Sánchez, dé cuenta de la misma en el Congreso con carácter urgente.

Para el líder del PP, Pablo Casado, el Ejecutivo solo ha dado "bandazos demagógicos" que muestran su "improvisación" y son el "peor mensaje" que se puede dar a las mafias porque aprovechan estas crisis humanitarias para seguir explotando a las víctimas.

En la misma línea, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado que "la política migratoria debe ser un asunto de Estado y consensuada con la UE, no una colección de improvisaciones".

Desde Vox han ido un paso más allá y su líder, Santiago Abascal, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra la organización por presunta "colaboración con organización criminal para el tráfico de personas", por lo que piden la detención de su capitán.

En plena polémica, otro barco español, el Aita Mari, de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), ha reiterado su deseo de poder zarpar el próximo día 27 del puerto de Pasaia (Gipuzkoa) rumbo al Mediterráneo con el permiso de poder rescatar en el Mediterráneo, donde otros 356 inmigrantes esperan desde hace días a poder bajar del Ocean Viking en un puerto seguro