El PP presenta el modelo austríaco de empleo para dar cobertura frente al paro y la movilidad

El PP quiere que las condiciones de los trabajadores, como el horario o los salarios, se adapten mejor a la evolución de los contextos económicos y de los mercados para evitar los despidos. Esta es una de las medidas que integran el programa electoral de los populares en su parte, la más voluminosa, dedicada a la economía y a la creación de puestos de trabajo. En el mismo apartado el PP aboga también por la creación de un fondo de capitalización individualizado para cada empleado, que incluiría la cobertura si se queda en paro y estímulos para la movilidad o la formación continua. Son dos medidas relativamente nuevas, pues el PP no había hablado de ellas en los últimos meses, aunque sí habían estado presentes, quizá no con las mismas palabras, en su ideario de la legislatura que termina.

También resulta novedosa la inclusión de la exigencia de responsabilidades a los gestores de las entidades financieras que "hayan incurrido en una administración desleal o negligente", o más aún, la de variar, según los resultados a largo plazo, las remuneraciones de los directivos de las entidades que necesiten ayudas del Estado. Con todo, habrá límites a estas remuneraciones. La reforma del Banco de España es uno de los objetivos más evidentes, pues el PP quiere dotar al organismo de mecanismos de vigilancia más prudentes, "siguiendo las mejores prácticas internacionales".

El Partido Popular ha colgado su programa completo en la Red, tanto en la web del partido como en la de su presidente y candidato, Mariano Rajoy, que lo había presentado el lunes ante su Comité Ejecutivo Nacional, que lo aprobó por unanimidad a pesar de que la mayoría de los casi 90 integrantes de este órgano desconocía gran parte del texto. Recibieron el libreto con todas las medidas al empezar la reunión, sin tiempo de haberlo leído antes.

Sin sorpresas llamativas y fiel al estilo que quería inculcar Rajoy, contrario a las promesas altisonantes, el programa del PP se articula en dos principios ideológicos y coyunturales, el reformismo y la recuperación económica, y en seis ejes temáticos: el empleo, la educación, las políticas sociales, la administración y la regeneración democrática. El primero es el que abarca más páginas -más de 70- y está lleno de llamadas a la austeridad.

Durante el primer año de gestión, Rajoy, quien reiteró que cumplirá el objetivo de déficit del 3,4 por ciento para 2012, hará una revisión generalizada del gasto partida a partida para después marcar las prioridades. Por ello, las múltiples bajadas de impuestos que salpican el programa quedan en gran medida supeditadas al estado de las cuentas públicas que el líder del PP, si gana el 20N, encuentre a finales de diciembre. No obstante, las exenciones fiscales se erigen en un gran pilar del programa: hay deducciones para quien más ahorre, para las pymes, para los autónomos que contraten a su primer trabajador, en transmisiones patrimoniales, en el impuesto de sociedades y para empresas volcadas en I+D.

Esta reforma fiscal es tan indispensable para el PP como la eliminación de normas y leyes. El partido de Rajoy quiere un tejido legislativo muy delgado, nada reglamentista, de forma que impere el mercado común y la ausencia de procedimientos: aspiran los populares a que se pueda crear una empresa en 24 horas. Toda la Administración y todas las empresas públicas, incluidos los medios de comunicación, se guiarán por techos de gasto y de endeudamiento y por la simplificación. En este sentido se enmarca la idea de ceñir la negociación entre empresarios y trabajadores a las circunstancias de la propia empresa, lo que menoscaba el papel de los convenios sectoriales.

En pro de esa simplificación y flexibilización, el PP procurará reducir los tipos de contratos, aunque huye del contrato único, y ajustar las condiciones laborales a los contextos económicos, de modo que el empresario evite los despidos si el negocio le va mal. La medida forma parte de la última reforma laboral del Gobierno. Los populares se comprometen en el programa a no tocar el estado de bienestar, aunque habla de cambiar la gestión -sin más detalles-. Esa inconcreción se extiende a sus propósitos de cambiar la ley del aborto y a la normativa contra la violencia de género.

El espíritu reformista del PP alcanza al Tribunal Constitucional, cuyos magistrados disfrutarán de un mandato más largo -no vitalicio-, pero no afecta a la política antiterrorista: Rajoy se muestra firme en no negociar con ETA y avisa a Bildu que su posible Gobierno estará vigilante.