El PP presenta una reforma exprés del Constitucional para poder suspender a Mas

El PP ha presentado este martes en el Congreso una proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional para permitir a esta instancia judicial multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplen sus sentencias y resoluciones, una iniciativa que, aunque aplicable a todas las administraciones, está pensada para un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña.

La propuesta de reforma de la ley del Tribunal Constitucional, presentada por el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando y el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, quien considera que esta medida será "la garantía" de que no hay opción a la independencia de Cataluña: "La broma ha terminado", ha proclamado. Aunque el Senado aún está debatiendo la reforma de la Ley del TC para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad ante reformas estatutarias, el PP ha presentado esta otra reforma separadamente, pero con idea de que se aprueba antes de la disolución de las Cámaras.

Según los planes del Grupo Popular, la proposición de ley se tramitará en el Congreso por el procedimiento de urgencia (acortando todos los plazos) y en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión). Su toma en consideración se sitúa en el Pleno de los Presupuestos Generales, en la semana del 15 de octubre y su aprobación por el Congreso se espera para la semana siguiente a las elecciones catalanas (29 de septiembre). De ahí saldrá al Senado con tiempo para su aprobación definitiva antes de convocar las elecciones generales.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que nadie tiene "nada que temer", salvo que incumpla la ley, porque lo único que hace es "fortalecer" el marco constitucional. "Es garantizar el principio a la tutela judicial efectiva también en el ámbito constitucional y, si todos estamos dispuestos a cumplir la ley y las sentencias de los tribunales, pues nada hay que temer a este tipo de disposiciones, que lo que hacen es fortalecer el marco constitucional", ha dicho en los pasillos del Senado. Sáenz de Santamaría ha recordado que el TC "es un tribunal jurisdiccional, no judicial, y lo normal es que, cuando dicta resoluciones, las administraciones las cumplamos", y ha explicado que el PP ha considerado oportuno plantear ahora esta reforma, porque "la legislatura sigue funcionando hasta que se disuelvan las Cortes", y "cualquier momento es bueno" para ello.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha apuntado antes de intervenir también en el pleno de la Cámara Alta que la proposición del grupo popular en el Congreso "no es una ley de sanciones ni mucho menos una ley de fortalecimiento de las capacidades del TC de hacer ejecutivas sus resoluciones", y por ello "parece algo bastante razonable". Según las explicaciones de la vicepresidenta, se trata de que el Constitucional pueda "garantizar la ejecución de sus propias resoluciones" y, al igual que ocurre con los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, notificarlas a la autoridad o funcionario que tenga que cumplirlas. Ha remarcado que la modificación legal permite "suspender" a esa "autoridad" o "funcionario", no al Gobierno o Administración implicada, sino "al encargado de cumplir" la sentencia, y ha afirmado que la capacidad de imponer "multas coercitivas" no es una novedad, porque ya existe en la legislación. Además, ha reiterado que "lo que no es normal" es que no se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional, y por ello la propuesta arbitra un procedimiento jurisdiccional para garantizar su cumplimiento por parte de cualquier administración, sea Gobierno central, autonómico o local.

Respecto a los reproches de otras formaciones políticas a una reforma que han tachado de "electoralista" o "innecesaria", ha pedido que se estudie con detenimiento, porque en el Derecho comparado hay procedimientos similares. "Lo que uno tendría que temer es que alguien considere que está por encima de la ley y de las sentencias", ha proseguido la vicepresidenta, quien piensa que los tribunales son muy garantistas, son los que tienen "la última palabra" y por tanto hay que "confiar" en ellos. "Yo no le tengo ningún miedo a los tribunales, al contrario, son los que dan garantía, y creo que ahí la Generalitat debería verlo", ha remarcado en respuesta al rechazo frontal que la medida ha suscitado en el Ejecutivo catalán. No ha querido dar mayor relevancia al momento elegido para impulsar esta reforma, planteada por el grupo popular en una legislatura en la que se han abordado otros cambios relativos al TC, como la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad.

Por su parte, el ministro Catalá ha agregado que la proposición de ley incluye "múltiples" medidas de requerimiento e información, por lo que a su entender no se trata de una ley de sanciones. Respecto a la posibilidad de que se aplicara al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en caso de proclamar la independencia de Cataluña, ha contestado que al tratarse de algo "tan hipotético" correspondería en su caso al propio Constitucional decidir las actuaciones que considerase oportunas.

Se ha informado al PSOE

La iniciativa del PP, de cuya presentación se ha informado al PSOE, detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de que, según los populares, ha habido varios casos de "desacato" en los últimos tiempos, en velada alusión a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014. En concreto, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan.

Además, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones (fase en la que entrará el Ejecutivo al día siguiente de las próximas elecciones generales de diciembre), que adopte "las medidas necesarias" para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal. Y en los casos "de especial trascendencia constitucional", el Tribunal Constitucional, ya sea de oficio o a instancia del Gobierno de la Nación, podrá adoptar esas para ejecutar las sentencias sin oír a las partes. Eso sí, después se habilitará un plazo de tres días para dar audiencia a los afectados y a la Fiscalía, tras los cuales el Alto Tribunal decidirá si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.

El PP ha querido dejar claro que la vía abierta al TC para multar y suspender a gobernantes es un camino distinto al artículo 155 de la Constitución que permite al Estado recuperar competencias autonómicas por incumplir leyes, y que tampoco afecta a la posibilidad de exigir responsabilidades penales a un gobernante. Además de haber informado al PSOE de la presentación de la iniciativa, el PP ha hecho un llamamiento al resto del arco parlamentario para apoyarla en las Cortes. García Albiol se ha dirigido expresamente al PSC, para medir su "coherencia", y a Unió, que en su opinión ha sido "responsable" de la deriva independentista y "ahora está disimulando". Y Rafael Hernando ha tenido también palabras para Ciudadanos, que fue quien amagó por pedir la supresión del TC si no se reformaba. "A veces se cometen grandes errores cuando se hacen estas propuestas", ha comentado.

Pedro Sánchez acusa al PP de instrumentalizar al Constitucional

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que el PP "vuelve a instrumentalizar con fines electorales" y "partidistas" las instituciones con su propuesta "unilateral".

En declaraciones desde Lima, Sánchez ha criticado la "incapacidad política" del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, que, ha dicho, "desgraciadamente" ha dejado "de ser el presidente de todos los españoles y legisla para la extrema derecha de su partido". "El señor Rajoy, que tanto habla de España, qué poco la quiere y qué mal la defiende", ha señalado Sánchez quien ha hecho hincapié en que la modificación de la ley del TC que plantea el PP supone "instrumentalizar" las instituciones "que deberían servir para el interés general".

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, por otro lado, ha rechazado este martes la propuesta porque los populares presentan esta iniciativa "a última hora" y después de toda una legislatura en la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha permitido a la Generalitat de Cataluña no cumplir las leyes. "Tarde y mal. Me hubiera gustado que el Gobierno hiciera cumplir las sentencias desde el primer minuto como a cualquier ciudadano", ha defendido Rivera en la primera rueda de prensa de la nueva ejecutiva de Ciudadanos sobre la proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional presentada por el PP.

El líder de Ciudadanos ha recordado incumplimientos de sentencias judiciales que el PP ha permitido, como la consulta independentista del pasado 9-N o las normas sobre bilingüismo, y ha censurado que ahora impulse esta reforma del Tribunal Constitucional a sólo diez días de que comience la campaña de las elecciones catalanas. A su juicio, esta medida no es necesaria porque las leyes se pueden hacer cumplir mediante la justicia ordinaria y el PP no lo hacía porque era "socio" de CiU y el presidente catalán, Artur Mas.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado que "las amenazas no contribuyen a que ciudadanos de este país entiendan", y ha apostado "por el diálogo".

"Si de lo que hablamos es de la estructura territorial del Estado, pensamos que hay que apostar por la hermandad y por la fraternidad de los diferentes pueblos que componen un país, que nosotros entendemos como plurinacional", ha afirmado en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, donde ha acompañado a la nueva senadora de Podemos Pilar Lima, la primera parlamentaria sorda de España, en su toma de posesión del escaño.

"Siempre vamos a apostar por el diálogo, atendiendo a las diferencias que hay en la manera de sentir de muchos ciudadanos", ha afirmado, al tiempo que ha denunciado que, para Podemos, "el frentismo de la corrupción", esté "encabezado" por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o por el de la Generalitat, Artur Mas, "significa lo mismo: Separar a las ciudadanos". "Nosotros apostamos por la fraternidad", ha reafirmado. La proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional presentada por el PP busca permitir a esta instancia judicial multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplen sus sentencias y resoluciones, una iniciativa que, aunque aplicable a todas las administraciones, está pensada para un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña.