El País Vasco también pagará la extra de Navidad a sus funcionarios

Bilbao/El Gobierno Vasco abonará la paga extraordinaria de Navidad a sus 67.000 funcionarios, pero no la percibirán los miembros del Ejecutivo, es decir el lehendakari, Patxi López, y sus consejeros. Así lo ha confirmado la portavoz en funciones del Ejecutivo, Idoia Mendia, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que esta decisión está "fundada en Derecho" y es "coherente" con las actuaciones del Ejecutivo vasco.

Los alrededor de 67.000 funcionarios públicos que dependen del Gobierno Vasco cobrarán así su paga extra, cuyo montante ronda los 207 millones de euros, ha precisado Mendia. La portavoz ha afirmado que la suspensión de esta paga sería "injusta en el fondo y la forma" y ha aprovechado para valorar el "buen trabajo" de los trabajadores públicos. Además ha explicado que "la única posibilidad" que el Gobierno Vasco tenía para no aplicar el decreto del Ejecutivo central que suprimía dicha extra era haber aprobado en el Parlamento Vasco una norma que modificara la Ley de Presupuestos vigente en Euskadi. En este sentido, ha añadido que julio -mes en que se aprobó el citado decreto- fue inhábil y que después se disolvió la Cámara vasca, por lo que no ha sido posible acudir a ese procedimiento. "Si el Gobierno Vasco hubiera decidido no pagar sin acudir al Parlamento a modificar la Ley de Presupuestos, estaría tomando una decisión no ajustada a Derecho", ha precisado Mendia.

También ha indicado que el Gobierno Vasco ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el citado decreto y que será ese órgano el que tenga que decidir al respecto, un pronunciamiento que ya no afectará a este Gobierno, sino al futuro del PNV. "Hemos tomado una decisión fundada en Derecho" y "basada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", ha reiterado Mendia, quien ha dicho desconocer qué informes jurídicos han utilizado otras administraciones vascas, como la Diputación de Bizkaia, para decidir no abonar la extra de Navidad a sus empleados.

Ha opinado que la supresión de esta paga tiene un "dudoso impacto sobre el déficit, porque lo que se ahorra por un lado se pierde por otro", y ha censurado el "truco hábil" que utilizan "algunas administraciones" al situar a los empleados públicos como los "grandes culpables de la crisis" con el objeto de "recortar servicios públicos".

En el caso del Parlamento Vasco, sus 108 empleados también cobrarán la paga extra, ya que según han dicho fuentes de la Cámara "nadie ha planteado que no la perciban" y por lo tanto no se ha debatido en la Mesa su posible retirada. No la percibirán ni los parlamentarios ni los asesores de los grupos, debido a la decisión que adoptó el órgano de Gobierno del Parlamento Vasco antes de la convocatoria electoral del 21 de octubre.

Frente a esta situación, las diputaciones de Bizkaia y Álava y los ayuntamientos de Vitoria y Bilbao, gobernados por PNV y PP, respectivamente en ambos casos, ya han acordado no pagar la extra de Navidad a sus empleados, aunque en algunos casos adelantarán la paga de junio de 2013 a enero. En la Diputación de Gipuzkoa, en manos de Bildu, se estudia la fórmula para abonarla, y en el Consistorio de San Sebastián, dirigido por esta misma formación, no se abonará pero también se adelantará a enero la paga de junio.

El Gobierno andaluz dice que las autonomías no pueden restituir la paga extra

El Gobierno andaluz no se plantea restituir la paga extraordinaria de Navidad a los empleados públicos de la Junta porque considera que desde las comunidades autónomas no se puede regular en contra de una norma básica del Estado. "La decisión de retirar la paga extra la tomó el Gobierno de la nación a través de un decreto, y entendemos que desde Andalucía no se puede regular en contra de esa norma", ha argumentado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. En este sentido, ha señalado que "ésta no es nuestra responsabilidad; cumplimos con nuestra obligación, tenemos que aplicarlo" aunque no compartan la decisión adoptada en su día. "No podemos hacer nada", ha concluido el portavoz del Gobierno andaluz.

La situación en el resto de comunidades autónomas

En Extremadura, la Junta ya anunció que sus empleados públicos cobrarán en enero la extra a través de los 240 millones que le reportará la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el impuesto extremeño sobre los depósitos bancarios. La intención del Gobierno que preside José Antonio Monago es adelantar a los primeros días de enero la paga extra de junio de 2013, con lo que se adelantará el pago de las extras en los próximos años -en los que se cobrarán dos- y el año en que se recupere la economía se cobrarán tres. Monago ha dicho que la "voluntad inequívoca" de su Gobierno es cumplir con su compromiso de abonar la extra a primeros de enero, aunque no está claro que ese dinero llegue para esa fecha.

En Navarra, a pesar de ser de las primeras comunidades que planteó una alternativa a la supresión de la extra de diciembre -que pasa por respetar la decisión del Gobierno central pero adelantar las de 2013, 2014 y 2015 a enero y junio- de momento no se ha tomado una decisión porque la oposición no comparte la medida defendida por el Gobierno de UPN. Mientras que el PP sostiene que se debe aplicar sin ningún cambio la legislación del Estado, el resto de grupos -PSN, NaBai, Bildu e Izquierda-Ezkerra- apoyan que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo y para ello han formulado distintas propuestas como hacer uso del autogobierno foral y pagar la extra, articular un complemento o abonar tres pagas en 2013. Para intentar lograr un consenso, se ha constituido una ponencia en el Parlamento foral que aún no ha cerrado ningún acuerdo.

En Castilla y León hay una propuesta de CSI-F de dividir en tres partes la suma de las dos extras de 2013 y pagar la primera el 3 de enero. La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar del Olmo, ha dicho que, antes de tomar una decisión, estudiará si ello es viable financieramente y no constituye un fraude de ley.

En la Comunidad Valenciana, los funcionarios no percibirán la paga extra en aplicación del decreto ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad aprobado el mes pasado por el Parlamento autonómico. Además, los altos cargos de la Generalitat Valenciana, incluidos los consejeros y el presidente, Alberto Fabra, así como los asesores, verán reducidos sus salarios en el equivalente a esa paga.

Tampoco en Castilla-La Mancha hay intención de recuperar la extra de navidad a los empleados públicos, que además sufren un recorte del 3% de sus salarios. Pedro Sanz, el presidente riojano, ya ha anunciado que su región cumplirá la normativa en lo relativo a la extra de Navidad y ha insistido en que no es que no la quiera pagar, sino que la Ley se lo impide y hay que ser consecuente con ello. El Gobierno balear ha reafirmado que no habrá extra y que cumplirá el real decreto del Gobierno, han comentado fuentes de la Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y Ocupación.

En el caso de Ceuta, el Pleno de la Asamblea dio luz verde a finales de septiembre a una propuesta del Gobierno por la que los miembros del Ejecutivo no cobrarán la paga extraordinaria de diciembre. Esta medida afecta al presidente de la Ciudad, a los consejeros, viceconsejeros, directores y subdirectores, que de este modo se aplican la misma medida que alcanzará a los demás trabajadores. Y en otras autonomías como Cataluña, Canarias, Galicia o Asturias o Murcia, sus Gobiernos han decidido que aplicarán el decreto del Gobierno. Lo mismo ocurrirá en Cantabria, donde además su presidente y los ocho consejeros han aprobado reducirse en un 7% su asignación, ya que ellos no recibían la extra navideña.