Cien años de onda expansiva

El gran titular de la sentencia, más allá de la letra pequeña del relato jurídico, es que los responsables de todo lo que ocurrió en octubre de 2017 en Cataluña al margen de la ley y de la normalidad democrática van a ser castigados con un total de 99 años de cárcel.

El independentismo ha mostrado su repudio a una sentencia que es "un insulto a la democracia", según ha declarado esta mañana el presidente de la Generalitat, Quim Torra. El jefe del Govern ha anunciado que remitirá una carta al rey Felipe VI y otra al presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir reuniones urgentes con ellos para abordar la "crisis" que se abre con las condenas a los impulsores del 1-O que no han huido de la Justicia.

El propio Sánchez también ha comparecido en el Palacio de La Moncloa para mostrar su respeto a la sentencia y su reconocimiento a la labor del Supremo. "En una democracia nadie es juzgado por sus ideas", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo en funciones. Presentándose como máxima garantía de la estabilidad, sin el afán punitivo de la derecha ni el espíritu aventurero que a su izquierda sigue apostando por un referéndum de autodeterminación, Sánchez ha recordado que fue precisamente "en Cataluña donde más apoyo encontró la Constitución que a todos nos ampara". El líder socialista ha garantizado el "absoluto cumplimiento" de la sentencia y ha dado un manotazo a la posibilidad de tirar de indultos, aunque todo se andará cuando las aguas vuelvan de lleno a su cauce...

Como las ondas que desencadena una piedra en unas aguas tan estancadas como las de la política española, todos los demás patos han mostrado, como no podía ser menos, su acatamiento a la sentencia, aunque las reacciones están siendo diversas, desde el "quien la hace, la paga" de Pablo Casado, que se ha apresurado a pedir al presidente en funciones que se olvide de la figura del indulto, hasta Pablo Iglesias, que ha considerado que el fallo del Supremo pasará a la historia como "símbolo de cómo no hay que abordar los conflictos políticos en democracia" y ha hecho un llamamiento a "arremangarse" y trabajar por "reconstruir puentes" en Cataluña.

La premonición de Mas

Los partidos constitucionalistas quieren hacer de la sentencia el canto del cisne del procés, pero el independentismo pretende aprovechar la indignación por las condenas para galvanizar a unas bases contagiadas del desconcierto de sus líderes, que están divididos ante los caminos a seguir tras el varapalo judicial por mucha pretendida escenificación de unidad que se gasten. Una frase que el ex jefe del GovernArtur Mas pronunció hace cinco años resume el descoloque del secesionismo. "Entramos en un terreno desconocido en el que no hay seguridades absolutas", declaró el principal impulsor o instigador inicial del procés, a las puertas de la consulta del 9-N de 2014, una iniciativa que le ha costado dos años de inhabilitación (que el Supremo rebajó a uno) y una multa de 4,9 millones de euros.

Si el sentimiento dominante en el independentismo del 2014 era la esperanza, un lustro después despuntan la indignación y la impotencia. Lo cierto es que nada volverá a ser lo que era. JxCat, ERC y la CUP aprobaron en septiembre una resolución a favor de la desobediencia civil e institucional al fallo del Supremo, pero Torra ya se conforma con la insurrección civil. El presidente de la Generalitat no parece muy dispuesto a liarse la manta de la estelada a la cabeza y ya está dando muestras de que su pataleo no va a sacar los pies del tiesto de la legalidad: ya ha acatado las sentencias que le obligaron a retirar los lazos amarillos y la pancarta por los presos del balcón del Palau de la Generalitat.

Las organizaciones políticas quieren descargar todo el protagonismo en las espaldas de la ciudadanía, hasta con cierta desfachatez: el ex consellerToni Comín, uno de los prófugos que se han sustraído de la acción de la Justicia en Bélgica, animaba hace unos días a los independentistas a "buscar el desgaste económico del Estado, perdiendo el empleo si es necesario". Una buena metáfora del procés: los políticos a lo suyo y el resto de los mortales preocupados por ganarse la vida y sobrevivir. El botón del bajón de afluencia a la última Diada es una buena muestra

La pedrada judicial en el estanque político va a flotar en el ambiente de la campaña de las elecciones generales del 10 de noviembre. Los socialistas se erigen como el único bombero que no es pirómano y que no va a echar más leña al fuego. El PP está rebajando el tono sobre Cataluña yya ha dejado de reclamar con insistencia la aplicación del artículo 155. Ciudadanos considera que la sentencia revitaliza su discurso. "Hoy hemos ganado los buenos y han perdido los que han querido quitarnos los pasaportes y nos han hecho sufrir", ha subrayado Albert Rivera tras hacerse público el fallo judicial.

Las ondas de las repercusiones de la sentencia también alcanzan a un ilustre: el ex president a la fuga Carles Puigdemont. Los jueces del Supremo lo mencionan en apenas 18 ocasiones en 493 páginas, pero el juez instructor, Pablo Llarena, ha cursado una nueva euroorden de detención contra él. Los otros cinco prófugos son Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig (Bélgica) Clara Ponsatí (Escocia) y Marta Rovira (Suiza). Llarena lo reclama por sedición y malversación y ahora descarta la rebelión, un delito desestimado por la Sala II del Supremo y que le ha costado la inhabilitación como diputados a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull, Josep Turull y Raül Romeva.

De momento, Puigdemont dará mucho menos tranquilo sus paseos por la Grand Place de Bruselas. Su entorno admite que baraja trasladarse a Suiza, un país incluso menos proclive que Bélgica a las demandas de la Justicia internacional.

Disturbios

Las repercusiones de la histórica sentencia ya se están dejando sentir en las calles de Cataluña. Los primeros en movilizarse han sido los estudiantes, que han llamado a salir de las universidades y concentrarse, complicando la la circulación del tráfico en las vías más céntricas de la ciudad. También se registran cortes en diversas carreteras. Los Comités de Defensa de la República (CDR) han hecho desde las redes sociales un llamamiento a la "desobediencia": "Es la hora de la revuelta popular". "Vuestra sentencia será vuestra condena. Es la hora de alzarnos contra el fascismo autoritario del Estado español y sus cómplices", han proclamado los CDR desde su cuenta oficial en Twitter. Y han tratado de bloquear el aeropuerto... Para que no falte de nada, ni la maldita violencia, una mujer que portaba una bandera española ha sido agredida en una calle de Tarragona.

Ahora les quedan dos últimos cartuchos a los independentistas: el Tribunal Constitucional, vía excepcional frente a vulneraciones de libertades y derechos fundamentales, y sin límite temporal para resolver, su fallo se demorará no menos de uno o dos años. Y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la gran esperanza de los políticos presos. No obstante, la Corte de Estrasburgo no es competente para revocar ni enmendar sentencias, sólo puede fijar indemnizaciones para las víctimas o abrir la puerta a la revisión de condenas en el país demandado.

La bomba judicial ya ha estallado sobre el procés. La onda expansiva de los cien años de cárcel ha sembrado otro incierto campo de minas, pero la tensión emocional se irá rebajando paulatinamente: Jordi Sànchez, ex presidente de la ANC, y Jordi Cuixart, presidente de Omnium, podrán acceder a un permiso penitenciario días después de Reyes al haber cumplido por entonces el cuarto de la condena de nueve años de prisión. Además, tanto los Jordis como el resto de los condenados podrán recibir el tercer grado de la mano de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat y sólo deberían acudir al centro penitenciario para dormir. Viendo lo generosos que fueron con Oriol Pujol, que a los dos meses de ingresar en la cárcel para cumplir una pena de dos años y medio de prisión por cobrar comisiones en el caso ITV salió de prisión con el tercer grado bajo el brazo, no parece que la cárcel vaya a ser un mal que cien años dure para los políticos presos. La igualdad de todos los españoles, y catalanes, ante la ley sigue a la sombra.