Urdangarín era el gancho

El caso Nóos llevará a juicio a Iñaki Urdangarín y a su ex socio Diego Torres como presuntos creadores de una trama empresarial que aparentaba no tener ánimo de lucro y se benefició de más de 6 millones de fondos públicos, así como a los responsables de las administraciones que la regaron de dinero.

Los más de cuatro años de instrucción han desvelado el entramado societario urdido por Torres como autor intelectual y Urdangarín, como gancho para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios.

Las seis acusaciones coinciden en que Urdangarín y Torres lograron que Nóos fuera adjudicatario de ingentes cantidades de fondos públicos mediante un sistema en el que eludían de forma ilícita la aplicación de la Ley de Contratos de la Administración Pública, que fue el uso fraudulento de los convenios de colaboración. De esa manera lograron unos 3,5 millones de las administraciones públicas valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid, según cálculos de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y populares.

El modus operandi consistía en que los fondos públicos que ingresaron el Instituto Nóos, Nóos Consultoría Estratégica y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), Urdangarin y Torres se los repartían al 50% mediante varias empresas de su propiedad que usaron como instrumentos para drenar el dinero hacia sus propios patrimonios.

La Agencia Tributaria ha calculado que el entramado societario artificial creado por ambos cruzó hasta 425 facturas a Nóos por los pretendidos servicios y trabajos de muy diversa índole, por un total de ocho millones de euros entre 2004 y 2008.

Además, están acusados también de defraudar a Hacienda con esa pantalla que crearon para ocultar las retribuciones de su propia actividad, sujetarla a una tributación inferior y deducirse gastos de forma irregular.

Si Urdangarín lo hizo a través de Aizoon, empresa de la que era titular al 50% con su esposa, Torres lo llevó a cabo mediante varias mercantiles (Shiriaimasu, Virtual Strategies, Intuit y Nóos Consultoría Estratégica) que también compartía con su mujer, Ana María Tejeiro.

Urdangarín y Torres crearon además presuntamente una estructura societaria fiduciaria opaca en paraísos fiscales para ocultar a los verdaderos beneficiarios y obtener aun más beneficios fiscales.

La presunta red artificial de los dos socios arrastra como responsables civiles a título lucrativo a la infanta Cristina y a Ana María Tejeiro por haberse beneficiado y destinado los ingresos a gastos personales y familiares. Además, doña Cristina está acusada de cooperar en los delitos fiscales y Tejeiro de blanquear capitales.

Los cuñados de Torres, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, también son objeto de distintas acusaciones como secretario y gestor jurídico, y contable, respectivamente, y también está acusado el asesor fiscal Salvador Trinxet. Los demás acusados son los cargos públicos que de una u otra manera hicieron posible que el entramado de Nóos obtuviera beneficios.

De Baleares, están acusados el ex presidente autonómico Jaume Matas; el ex director general de Deportes José Luis Pepote Ballester, amigo de los duques de Palma; y los antiguos altos cargos de la administración regional Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet.

En la rama valenciana serán juzgados el ex secretario autonómico de Turismo Luis Lobón, el ex director del Instituto de Finanzas Jorge Vela, y los antiguos gestores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar y Elisa Maldonado. Finalmente, por los pagos a Fundación Deporte, Cultura e Integración Social para que Urdangarin trabajara en pro de la candidatura Madrid 2016, está acusada la consejera delegada de la entidad que promovía el proyecto olímpico, Mercedes Coghen.