La crispación política copa el año desde las elecciones generales del 23-J

La crispación política ha protagonizado el primer año transcurrido desde las últimas elecciones generales, con la amnistía, la corrupción y los pactos con Vox sirviendo de munición al cruce de reproches que ha estado presente, incluso, en el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial.

Será el martes cuando se cumpla el primer año de ese 23-J en el que los ciudadanos votaron en las últimas elecciones generales, un tiempo en el que después de lograr una investidura por mayoría absoluta y formar un nuevo Gobierno de coalición con Sumar ya sin Podemos, Pedro Sánchez ha garantizado en todo momento que la legislatura tiene recorrido y que, frente a quienes ponen en duda la estabilidad, agotará mandato.

Ha salido así al paso de las repetidas llamadas del PP, con su líder al frente, Alberto Núñez Feijóo, para que dé un paso atrás y convoque elecciones ante la situación de ingobernabilidad que plantea el principal partido de la oposición ya que afirma que el Ejecutivo no cuenta con una mayoría asegurada para sacar adelante sus iniciativas y depende de formaciones como Junts.

El partido de Carles Puigdemont ya ha hecho sufrir al Gobierno para hacer realidad algunos decretos e incluso para que viera la luz la ley de amnistía pactada, aprobada finalmente y ya en vigor.

Prueba de estabilidad

Una prueba para la estabilidad será lo que ocurra con la investidura del presidente de la Generalitat, ya que en caso de que ERC acabe apoyando al candidato socialista, Salvador Illa, se abre la incógnita de si Junts endurecerá su posición en las Cortes y el Gobierno tendrá mucho más difícil que se avalen sus iniciativas.

Entre ellas, el proyecto de presupuestos generales para 2025 que ya se está preparando después de que Sánchez renunciara a presentar el de este año por la convocatoria de elecciones en Cataluña y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los independentistas catalanes en medio de ese proceso.

La amnistía sigue estando presente en titulares ante la aplicación que de ella deben hacer ahora los jueces y después de que haya sido uno de los principales elementos de confrontación política durante el último año una vez que el presidente del Gobierno proclamó que haría "de la necesidad virtud" y estaba dispuesto a que se aprobara.

El debate sobre esa medida ha proporcionado sesiones de alta tensión política en el Congreso y el Senado, con críticas a Sánchez de traicionar a España y con réplicas del Gobierno y del PSOE de que el PP acabará avalándola y de que ponga fin a su competición con Vox a ver quién dice el insulto más grande.

La relación del PP con Vox ha sido uno de los principales argumentos del Ejecutivo contra Feijóo, acusándole de echarse en brazos de la ultraderecha en gobiernos autonómicos y municipales e instándole a que una vez dados por rotos sus acuerdos en las autonomías, abandone también las políticas que había pactado con el partido de Santiago Abascal.

Cinco días de reflexión

También ve en esa competición con Vox que el PP avale las desinformaciones y los bulos que han llevado a Sánchez a presentar un plan de regeneración democrática al que se comprometió tras tomarse cinco días de reflexión para decidir si continuaba o no al frente del Gobierno por lo que considera una campaña de acoso contra él y su familia.

El resultado de esa reflexión fue que continuaba "con más fuerza si cabe" aunque siendo consciente, dijo, de que esa campaña de lo que denomina "la máquina del fango" iba a continuar.

Enmarca en ese contexto la investigación que se sigue contra su esposa, Begoña Gómez, por un presunto tráfico de influencias y ante la que el pasado viernes ella se acogió a su derecho a no declarar porque su defensa no ve garantías suficientes y considera la causa vacía de contenido.

Algo que Sánchez ha venido afirmando de forma continua, que no hay nada ni penal ni éticamente reprochable.

Pero la oposición, con el PP al frente, pone este asunto como prueba de la actuación del Gobierno y lo suma a las críticas que por corrupción ha venido lanzando durante el último año y en las que incluye el denominado "caso Koldo" por el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

Una cuestión por la que el ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dejó las filas del PSOE y ocupa escaño en el Grupo Mixto.

A su vez, los socialistas han devuelto las acusaciones de corrupción al PP con el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal y falsedad documental.

Poder Judicial

El duro enfrentamiento entre Gobierno y PP ha tenido dos excepciones destacadas: el acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución con el fin de eliminar el término disminuidos para las personas con alguna discapacidad, y el pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Tras cinco años de intentos infructuosos, se logró el acuerdo sobre el CGPJ con la mediación de la Comisión Europea, aunque no faltaron interpretaciones distintas sobre lo firmado y reproches mutuos por no haber sido posible lograrlo antes.

El pacto se cerró quince días después de los comicios europeos, en los que el PP resultó ganador y que pusieron fin a un ciclo electoral que en los últimos meses ha llevado a las urnas a los votantes gallegos, vascos y catalanes para renovar sus respectivos gobiernos.

Tras ese ciclo, del que Sumar ha salido debilitado y ha llevado a Yolanda Díaz a abandonar el liderazgo de esta formación, Sánchez vio abierta una nueva etapa para acelerar la legislatura, pero con la vista puesta aún en si habrá nuevo president en Cataluña o habrá que repetir las elecciones.

En medio de esa confrontación nacional se han cruzado dos crisis diplomáticas, una de ellas con Israel por el reconocimiento de Palestina como Estado, y otra con Argentina por las acusaciones de su presidente, Javier Milei, contra Sánchez y su esposa y que han desembocado en la retirada de la embajadora española en Buenos Aires.