La DANA, un epílogo para semanas inquietantes

Hay temporadas en las que se acumulan desgracias, noticias inquietantes que presentan un futuro tenebroso e inseguro, tanto en lo económico como en el aspecto político y social. La pandemia fue uno de los periodos negros de la historia reciente. Pero lo que se vive estos días, con decisiones del Gobierno que jamás se habrían pensado que pudieran darse en la España democrática, presentan un escenario en el que es difícil ver un resquicio de luz.

Se ha llegado a una situación límite, con los efectos de una DANA que ha traído una destrucción inimaginable en una cuarta parte del territorio y la devastación de provincias enteras, con ciudadanos que han perdido absolutamente todo. A ello se suma la desaparición de viviendas, negocios, obras de ingeniería, patrimonio e infraestructuras que tardarán meses, algunas de ellas años, en ser reparadas o a reconstruidas.

Hoy, media España está prácticamente obligada a vivir de la ayuda de la otra media que se ha salvado de la DANA; media España carece de energía eléctrica y de agua, ni siquiera para beber. No cuenta con medios para que, desde fuera, les pueda llegar la ayuda para llevarse algo a la boca, o unas botellas con agua potable. Kilómetros y kilómetros de autopistas, carreteras y camino han desaparecido bajo el barro y los materiales arrastrados por las riadas, y los trenes no podrán volver a circular hasta dentro de varias semanas. Una tragedia en estado puro.

En esa situación espantosa, da un paso adelante, como siempre, el pueblo español y su capacidad de solidaridad hacia los demás. Con la excepción de miserables que han aprovechado la ocasión para ejercer el saqueo. No en tiendas de alimentación, que se podría comprender, sino en joyerías y comercios en los que se venden electrodomésticos o aparatos electrónicos. Las fuerzas de seguridad han actuado con eficacia y agilidad para detener y conducir a prisión a los delincuentes.

Pero el acento hay que ponerlo en el esfuerzo brutal de los vecinos para acudir en socorro de quien necesitaba ayuda, aun poniendo su vida en riesgo; solidaridad para acoger a los que no tenían techo en el que cobijarse, o colaborar en la distribución de productos de primera necesidad, porque los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estaban más entregados a llegar a donde no llegaban los ciudadanos de a pie, para localizar a las personas desaparecidas o salvar de la muerte a quienes tenían la fortuna de que poder explicar dónde se encontraban y fueron rescatados.

A ese escenario trágico de héroes anónimos, más el Ejército, Bomberos, sanitarios, Protección Civil y los Cuerpos de Seguridad dando lo mejor de sí mismos, y todavía más, la decepción se ha vivido en el plano de la política.

El Gobierno ha caído en la ignominia al intentar eludir sus responsabilidades echando la culpa al presidente de la Generalidad valenciana al no haber insistido suficientemente en la gravedad de la situación; y no tomar las medidas de prevención necesarias para disminuir el efecto de la catástrofe. Podría decirse lo mismo de la ministra portavoz, Pilar Alegría, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el martes –horas antes de la DANA– tampoco alertó sobre lo que podría ocurrir.

Los ministros más responsables

También Fernando Grande-Marlaska, en sus primeras declaraciones, trasladó que en casos como el que nos ocupa, una gota fría mezclada con todas los peores elementos meteorológicos, la responsabilidad era de las autoridades regionales.

Olvidaba Marlaska, o prefirió olvidar, que en el año 2020, su Gobierno, en el que ya era ministro de Interior, aprobó que en caso de catástrofe que afectara a dos o más comunidades autonómicas, sería el Gobierno central el que tomaría el mando de la coordinación de prestación de ayudas y organizar las operaciones de rescate y salvamento necesarias.

Sí estuvo a la altura, en cambio, el ministro Óscar Puente, que como responsable de Transportes e Infraestructuras, informó detenidamente sobre la situación, sin esconder la gravedad de los hechos y sin dar falsas esperanzas: los valencianos tardarán semanas en poner a punto todas sus comunicaciones terrestres, meses y en algunos casos años, para utilizar las autovías que les unen con el resto de España.

También actúo con la máxima profesionalidad la ministra de Defensa, Margarita Robles, no sólo al dar las instrucciones necesarias para que la UME se desplazara de inmediato a las zonas más afectadas, sino que con el paso de las horas fue incrementando el número de efectivos con los que cooperar para el salvamento de las centenares de personas atrapadas, y localizar a los desaparecidos. Es más, la ministra declaró que no habría límite para la colaboración del Ejército, yendo más allá incluso a la presencia de la UME.

El presidente del Gobierno se desplazó a Valencia, donde se reunió con los miembros del comité de coordinación, y pronto se acabó con el debate sobre quiénes fallaron a la hora de alertar sobre lo que podía ocurrir, cuando se dio a conocer, con el horario en mano, las alertas de la Aemet, los anuncios del Gobierno central –que no dieron la relevancia exigida a la llegada de la DANA– y las declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que depende del Ejecutivo central, respaldando la actuación del presidente valenciano Carlos Mazón. Que además no dudó en ser uno más en la calle, visitando las zonas más afectadas a las que era posible acceder, y anunciando ayudas económicas inmediatas –la primera de 250 millones de euros– sin los procesos burocráticos necesarios, para dar posibilidad de que las familias que se han quedado sin nada cuenten con unos ingresos iniciales para las cuestiones más urgentes, desde alimentación hasta agua potable, medicinas y productos higiénicos, y los muebles indispensables para vivir.

La situación de Valencia agrava seriamente la imagen de un Gobierno contaminado desde hace meses por los casos de corrupción que alcanzan a personas de gran peso institucional y también del círculo más próximo a Pedro Sánchez, y que han llenado de desazón a la mayoría de los ciudadanos.

Con dos aspectos muy preocupantes: la confrontación entre el Tribunal Supremo y la Fiscalía, hasta el punto de que el TS ha imputado al fiscal general; y la confrontación del TS con el Tribunal Constitucional, que viene de atrás. Más la campaña que se hace desde La Moncloa para tratar de desacreditar no solo a la oposición sino también a los jueces que toman iniciativas que dañan a personas del gobierno o cercanos al gobierno, como es el caso del fiscal general.

Sánchez podría verse en la cuerda floja

En ese escenario de tensión, está muy presente la animadversión que siente el Gobierno de Sánchez y el PSOE, el sanchista, hacia la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El acoso político que sufre su pareja por una inspección fiscal que se inició hace un año, por supuestas irregularidades fiscales cometidas antes de que fuera novio de Isabel Díaz Ayuso, ha sido utilizada contra el PP en general y Ayuso en particular con un ensañamiento tal que ha llevado a que el propio presidente definiera a González Contador como “delincuente confeso”, cuando quienes inician un procedimiento de acuerdo de conformidad –miles de ciudadanos anónimos, más destacadísimos personajes del deporte o el espectáculo– están obligados a admitir que han podido cometer delito; si no lo hacen, los inspectores fiscales ni siquiera inician el procedimiento.

En el caso de la pareja de Ayuso además se produjo una actuación del fiscal general que la Justicia considera ilegal, por romper con el obligado secreto con el que se desarrollan los procesos negociadores. El fiscal general ha sido imputado por el Supremo, y llega ahora un nuevo elemento de tensión con una mayoría importante de fiscales, incluida la asociación mayoritaria, que exigen su dimisión para impedir la anomalía de que en su procedimiento de imputación el fiscal sea subordinado suyo.

España es hoy un país dolorido, pero, también preocupado por los problemas políticos. Con un presidente que a final de mes dará cuenta de sus actos en el Congreso de su partido.

No tendrá rivales y se mantendrá al frente de la secretaría general. Pero sabe que, a poco que se encuentre debilitado, y mucho más si dimite porque no puede soportar la situación, tendrá muy difícil continuar al frente del PSOE: hoy, sólo cuenta con el apoyo de sanchistas irredentos. Y empiezan ya a mostrar su disconformidad con la mayoría de sus decisiones.