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El delegado del Gobierno en Extremadura dimite por ser titular de una farmacia

La de Alejandro Ramírez del Molino es la segunda dimisión en una semana en la región. La tercera ha sido la de la directora de Infraestructuras extremeña, cuyo marido es accionista de una empresa que contrata con la Junta.

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11 de mayo 2012 - 12:27

Badajoz/El delegado del Gobierno en Extremadura, Alejandro Ramírez del Molino, ha presentado su dimisión ante el Ministerio del Interior por incompatilidad de su cargo con ser titular de una farmacia. Del Molino llevaba al frente de su cargo poco más de cuatro meses. Esta es la segunda dimisión de un alto cargo público que se produce en Extremadura en esta semana; la anterior fue la del consejero de Salud de la Junta, Francisco Javier Perianes, anunciada públicamente por él mismo el pasado miércoles.

En cuanto a la oficina de farmacia, es una botica ubicada en pleno centro de Badajoz, en la Calle Menacho, una de las zonas más populosas y con mayor número de establecimientos comerciales de la capital pacense. Del Molino ha convocado este viernes una rueda de prensa en Badajoz para explicar que el motivo de su renuncia es la "incompatibilidad", que no su dedicación, dado que se ha entregado al cargo en "cuerpo y alma" durante los días que ha estado. "Los pocos o los muchos que he estado aquí en esta Delegación del Gobierno (la dedicación) ha sido total", ha aseverado Ramírez del Molino a los periodistas.

Ha explicado que la Oficina de Conflictos de Intereses, que depende de la Secretaría de Estado de Administración Pública, le trasladó hace 10 ó 12 días "que podía haber algún problema por ser titular de una oficina de farmacia", ante lo cual él les hizo una "observación" por si pudiera haber "una excepción" en el caso de "que uno pudiese gestionar el patrimonio personal". "Dado que antiguamente también se declaraban las farmacias como patrimonio, les hice la observación de que podría tratarse de una cosa patrimonial la oficina de farmacia, que en ningún momento yo me he dedicado a ella", ha apuntado, al tiempo que ha comentado que quienes le conocen "desde hace años" saben que si "alguna vez" se le ve en la oficina de farmacia "será un milagro".

No obstante, ha señalado que en el título II de la ley 5/2006 dice quiénes están afectados por estos conflictos de intereses, los miembros del Gobierno, los secretarios de Estado, los subsecretarios asimilados, los directores generales, el director general del ente público y el presidente del Tribunal de la Defensa. "Y entre ellos pues también estoy yo como delegado del Gobierno", ha apuntado.

En su intervención, Del Molino ha explicado que en la noche de ayer recibió una llamada del presidente de la Junta, José Antonio Monago, comunicándole "que ya se había resuelto el tema de la consulta que se había evacuado a la Abogacía del Estado y ratificaba lo mismo que opinaba la Oficina de Conflicto de Intereses", tras lo cual se reunió con Monago"para decirle" que "dimitía y no había ningún problema".

"Vocacional vs. profesional"

"Hay dos cosas, que son el tema vocacional, que es como yo he entendido siempre el cargo político, que es un tema vocacional, y el tema profesional, y entonces cabían dos posibilidades: o yo me deshacía de la titularidad de la oficina de farmacia, que es mi profesión, y me dedicaba a lo vocacional, que es la política, o por lo contrario renunciaba al tema político del cargo que ostento de delegado del Gobierno y me dedicaba a mi profesión. He optado por esto último", ha apuntado. "El primer sorprendido fui yo, porque como comprenderán, si yo llego a saber esto, desde luego me quedo en el escaño de diputado, eso es lógico", ha reconocido a los medios recordando su anterior etapa como diputado nacional en el Congreso por la provincia pacense. Al mismo tiempo, no ha querido hablar sobre su futuro político y ha defendido que "la política no debe ser profesionalizada". "Debería cada persona que se dedica a la política tener alguna profesión, para en el momento que tenga que dejarlo pues libremente lo pueda dejar y no dependa solamente de la política", ha abogado.

La de la directora de Infraestructuras, la tercera dimisión en una semana

La hasta ahora directora general de Infraestructuras y Transportes de la Junta de Extremadura, Marta García, ha tenido que dimitir de su cargo porque su marido es accionista de una empresa que ha contratado con la administración extremeña. Al parecer, el marido de Marta García disponía del 23 por ciento de las acciones de la firma de ingeniería Inproesa, a la cual le fue adjudicada, durante el gobierno de Fernández Vara, la obra de la Ronda Sur de Badajoz.

La Ley de Incompatibilidades de Extremadura prohíbe el parentesco en primer grado con alguien que disponga de más del 10 por ciento de las acciones de una empresa que contrate con la administración. Se da la circunstancia de que Marta García firmó una resolución relativa a los estudios informativos y de impacto ambiental del mencionado proyecto de Inproesa. Por tanto, se trataría del tercer caso de dimisión por incompatibilidades en la región, tras el ya exconsejero de Salud, Francisco Javier Fernández Perianes, y el delegado del Gobierno, Alejandro Ramírez del Molino.

Por la mañana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los viernes, la vicepresidenta de la Junta, Cristina Teniente, informó de que, fuera del orden del día, "se ha acordado el cese de doña Marta García García". "Se ha presentado este cese voluntariamente, por motivos personales, el consejo lo ha aceptado y desde aquí queremos agradecer su labor como profesional por todo el trabajo que ha desempeñado al frente de esta dirección general", indicó Teniente en su comparecencia.

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