De la dispersión a la reinserción

El programa integral de reinserción de presos terroristas puesto en marcha por el Ministerio del Interior es el último paso dado por el Gobierno en la política penitenciaria seguida con los internos de ETA, que tuvo uno de sus hitos en la dispersión acordada a finales de los años 80.

Fue en torno a 1989, con el socialista Enrique Múgica como ministro de Justicia y Antoni Asunción -que luego sería titular de Interior- como responsable de Prisiones-, cuando se tomó la decisión de acabar con la concentración de reclusos etarras en determinadas prisiones con el objetivo de romper el férreo control que la organización terrorista ejercía sobre sus militantes encarcelados.

Hasta ese momento, los etarras presos cumplían condena fundamentalmente en los centros penitenciarios de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y Alcalá-Meco (Madrid), mientras que las mujeres se agrupaban en la cárcel de Carabanchel, que por este motivo llegó a ser conocida por el sobrenombre de Herrerita.

Desde entonces, la política de dispersión se ha mantenido con la única modificación durante el primer Gobierno de José María Aznar, en buena parte debido a la insistencia del PNV, del traslado a la península de los etarras presos en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

La dispersión tuvo sus costes. Por ejemplo, los funcionarios de prisiones fueron declarados objetivo por ETA, pero permitió que surgieran las primeras disensiones en el seno del colectivo de presos de la banda y a principios de los años noventa se concedió el tercer grado penitenciario, el más flexible, que permite salir de prisión durante el día- a algunos reclusos.

Fue el caso, por ejemplo, de los internos en Vitoria Isidro Etxabe y José Antonio Urrutia, que en diciembre de 1991 y en conversaciones con sus familiares dijeron que los atentados de ETA estaban "creando odio en todos los sitios", lo que a la larga provocaría que les "sacaran a gorrazos".

Mucho más relevante fue la llamada carta del Puerto -por la prisión situada en esa localidad gaditan-, firmada en agosto de 2004 por Francisco Mujika Garmendia, Pakito, quien hasta su detención en Bidart (Francia) había sido número uno de ETA durante tres lustros, y otros terroristas como Ignacio Arakama, Makario; Ignacio Bilbao, Iñaki de Lemona, o Carlos Almorza.

El texto señalaba ya entonces que la lucha armada "hoy en día no sirve", ya que las Fuerzas de Seguridad estaban ganando la batalla a la banda, y apostaba por explotar el "capital y potencial político".

Los firmantes del escrito fueron expulsados por ETA del colectivo de presos en julio de 2005, como tres años después lo fueron otros históricos como José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y Kepa Pikabea, que cumplía condena en Logroño y que hacía tiempo que se había desvinculado de la banda terrorista ETA.

Ese año, 2008, puede considerarse el de la "institucionalización" de la llamada vía Nanclares, que en realidad supone la aplicación de los requisitos fijados por la reforma legal aprobada en 2003, la ley orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, a los presos que rechazan la violencia.

Esta vía supone la declaración de arrepentimiento, la petición de perdón a las víctimas, la colaboración con la Justicia y el compromiso de pagar las responsabilidades civiles a las que hubieran sido condenados les permite, si han cumplido las tres cuartas partes de la pena, acceder al tercer grado y después a la libertad condicional.

A esta vía se han acogido en los últimos años una treintena de presos etarras, que además de en Nanclares, que le da nombre, han sido agrupados en otras cárceles como Villabona (Asturias), el Dueso (Cantabria), Zuera (Zaragoza) o Martutene (Guipúzcoa).

Desde su llegada al Gobierno, el PP ha apostado por esa línea y ha concedido el tercer grado penitenciario al etarra José Manuel Fernández Pérez, cuya libertad condicional ha informado también favorablemente, y, en abril a Jon Andoni Díaz Urrutia.

Ahora se da un nuevo paso y se pone en marcha un programa integral de reinserción que se dirige también a reclusos de otras organizaciones terroristas como los Grapo o los grupos yihadistas, pero que sigue teniendo como objetivo prioritario el más de medio millar de etarras presos en cárceles españolas que aún no han dado el paso de decir no a la violencia.