El forastero como arma electoral

En España hay cuatro millones y medio de extranjeros, según el Padrón Municipal de 2007. Además, ese mismo año intentaron acceder de formar irregular al país por medio de cayucos, pateras u otras embarcaciones un total de 18.057 inmigrantes, según datos del Ministerio del Interior, que recuerda que la cifra representa un 53,9 por ciento menos de casos que en 2006.

Para PP y PSOE el asunto de la inmigración -que se ha encaramado al primer puesto de las preocupaciones de los españoles, tal y como reflejan las encuestas el CIS- se ha convertido en un arma electoral y en uno de los temas más recurrentes en lo que va de campaña. Llamativa ha sido la insistencia del presidente popular, Mariano Rajoy, en convertir a los foráneos en uno de los ejes de su ataque a la gestión del Gobierno durante los últimos cuatro años. En sus dos debates televisivos frente a José Luis Rodríguez Zapatero reservó importantísimas cuñas de sus intervenciones a criticar la regularización extraordinaria y el efecto llamada que ha producido. El pasado lunes, citó las declaraciones de los ministros de Exteriores alemán, francés y holandesa tras la decisión de Zapatero para retratar cuánto pesa este debate el Europa: lo que hagan unos afecta a los otros, advirtió.

Los dos partidos con mayor representación parlamentaria se arrojan cifras a la cara sin pudor alguno. El PP contrapone a la regularización el grito de "aquí no cabemos todos". Rajoy propuso un contrato de integración estilo Sarkozy [aunque en realidad copiado de otra propuestas presentada por el presidente de CiU, Artur Mas, en la antesala de las últimas elecciones catalanas de 2006] que revolucionó el panorama mediático.

El PSOE responde que el Ejecutivo de Aznar "dejó en España 700.000 irregulares", lo que obligó a desarrollar el proceso de regularización, promete una Ley Integral de Igualdad de Trato si gana las elecciones y recuerda que los inmigrantes han aportado casi la mitad del crecimiento económico de los últimos años. Zapatero aprovechó los debates para reprochar a Rajoy que su partido tuvo que poner en marcha "hasta cinco regularizaciones" cuando gobernaba y que para reconducir la situación legal de los extranjeros se aceptaba "el recibo de una noche de hotel e incluso un simple bonobús". La tensión ganó enteros cuando Rajoy estableció una correlación entre el número de foráneos y el porcentaje de reclusos extranjeros. El PSOE le acusó de asociar inmigración y delincuencia, pero el PP no ha bajado el tono en los últimos días. "Los derechos de los españoles no pueden verse afectados por los de otros ciudadanos", arguyen.