Tribuna Económica
Carmen Pérez
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El PSOE ha vuelto a posponer la votación de su paquete fiscal ante la falta de apoyos suficientes para sacarlo adelante, un retraso que deja en el aire no solo las medidas tributarias -entre ellas, el impuesto a la banca- sino la transposición de la directiva que fija un tipo mínimo para las multinacionales.
La Comisión de Hacienda del Congreso prevista para este jueves se ha desconvocado en el último minuto y se pospone hasta el lunes a las 17.00 horas, después de días de vetos cruzados a las propuestas del PNV y Junts, de una parte, y de ERC, Bildu y Podemos, de otra.
Aunque las negociaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios se han intensificado este jueves, el acuerdo no ha sido posible debido a la negativa de algunas formaciones, como ERC o Bildu, de apoyar el paquete fiscal a menos que incluyera el impuesto a las energéticas, una opción que supondría perder el voto de Junts.
La comisión desconvocada iba a debatir la ley que transpone la directiva europea que fija un tipo mínimo para las multinacionales, que cuenta con cierto consenso parlamentario y que incluso el PP se ha mostrado dispuesto a apoyar.
Pero la aprobación de esta ley se complicó cuando el PSOE decidió introducir como enmiendas una serie de medidas tributarias pactadas con el PNV y Junts, que implicaban mantener el impuesto temporal a la banca pero dejar caer el energético.
Los socios de izquierdas del Gobierno rechazaron apoyar un paquete fiscal que no incluyera el impuesto energético y, tras días de negociaciones, sólo Sumar ha garantizado su voto favorable tras alcanzar su propio acuerdo (con medidas como gravar los seguros de salud privado o un impuesto al lujo).
Así, a pesar de las negociaciones de los últimos días, formaciones como ERC o Bildu se niegan a apoyar el paquete fiscal a menos que se incluya el impuesto energético, pero Junts amenaza con retirar su apoyo si su pacto inicial se ve modificado porque es un "paquete cerrado".
Estos vetos cruzados ponen en peligro no solo el paquete fiscal, sino la propia transposición de la directiva, que ya está fuera de plazo y que todavía tienen que pasar por el Pleno, el Senado y -probablemente- volver al Congreso antes de que acabe el año para entrar en vigor a tiempo.
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