El 'macrodecreto' del Gobierno ya está en manos del Constitucional

El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD presentaron ayer en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra el decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia al considerar que la decisión del Gobierno de incluir en una única norma 30 de cambios legislativos que afectan a nueve ministerios supone un "desprecio" al Parlamento, a los grupos políticos y a los ciudadanos a los que representan.

El diputado y secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas; el secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha; el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella; y el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, fueron los encargados de presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el macrodecreto.

Pradas reprochó a los populares un nuevo "atropello" en el Congreso que llevan a cabo "abusando" de su mayoría absoluta, que les permitiría sacar adelante proyectos de ley ordinarios sin necesidad de recurrir al decreto ley, un instrumento reservado para los casos extraordinarios y de urgente necesidad. "Son ya 31 los recursos interpuestos ante el TC en lo que va de legislatura, y eso pone de manifiesto cuál es la forma de actuar de la derecha en España. Un partido que tiene una amplia mayoría en el Congreso, que no tendría necesidad de hacer este tipo de ejercicio de imposiciones legislativas y que en este caso ha sobrepasado todos los límites a los que nos tiene acostumbrados", criticó.

El decreto ley recoge modificaciones de normativas tan "variopintas" como las que afectan a la carrera militar, a diversos aspectos económicos o a las empresas de trabajo temporal, entre otras. "Es una marabunta de normativas que es una barbaridad, es una auténtica aberración jurídica que pone en evidencia una falta de respeto al Parlamento, a los grupos políticos y a los ciudadanos representados por ellos", concluyó Pradas, que acusó al PP de "dejadez y desidia" a la hora de trabajar, ya que opta por el decreto para "ahorrarse informes y tramitaciones parlamentarias".

De este modo, dijo, los populares evitan "debates públicos sobre determinadas cuestiones muy controvertidas" precisamente cuando "los ciudadanos están exigiendo más participación y transparencia" de la vida política. "Nos parece una tomadura de pelo y denunciaremos siempre este tipo de actuaciones del Gobierno", zanjó.

Por su parte, José Luis Centella justificó su adscripción al recurso por "coherencia" con la postura mantenida por su grupo durante la tramitación del decreto, cuya convalidación se negaron incluso a votar en el Congreso. "El PP sigue instalado en un concepto de Democracia de baja intensidad, chapucera y autoritaria que va a confrontar con nuestro grupo. Por eso estamos aquí", añadió.

A renglón seguido, coincidió con los socialistas en que los populares han puesto de relieve con esta "chapuza parlamentaria" su "concepto de democracia, de respeto al Parlamento y que tiene un verdadero desprecio a las normas de funcionamiento de un Parlamento".

Y por eso, añadió, la Izquierda Plural insiste en su decisión de "no mantener una negociación ni un diálogo en torno a cómo regenerar la vida política mientras el PP siga engañándonos, abusando de su mayoría absoluta y evidenciando que no tiene ningún interés ni por mejorar el funcionamiento del Parlamento ni por regenerar la vida democrática".

También para Anchuelo (UPyD) este "auténtico engendro legislativo" refleja el "desprecio continuo del Gobierno al Parlamento", y ha sido la gota que ha colmado el vaso tras haberse aprobado más de medio centenar de decretos ley en esta legislatura, en lo que se ha "convertido en la forma habitual de gobernar".