La oposición responsabiliza a la presidenta del 'Parlament' del desafío catalán

La oposición catalana y el Gobierno central han señalado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, como "responsable" del desafío al Tribunal Constitucional (TC) con la votación del miércoles, mientras la propia Forcadell ha dicho que asume el "riesgo" de cumplir el "mandato" de las elecciones del 27-S.

Un día después de que el Parlament, con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, aprobara, pese a las advertencias del TC, unas conclusiones que abren la puerta a una vía unilateral hacia la independencia, Forcadell ha querido quitar hierro a la polémica, pese a queel viernes el Consejo de Ministros formalizará un acuerdo para autorizar a la Abogacía del Estado a presentar ante el TC un incidente de ejecución.

Según Forcadell, lo que hizo al permitir el debate y la votación de las conclusiones es "cumplir el reglamento" de la cámara, aunque está dispuesta a "asumir el riesgo de cumplir el mandato del 27-S" a favor de la independencia. "Dos grupos me pidieron incluir un punto en el orden del día y se hizo una votación, era lo que tocaba hacer", ha afirmado Forcadell, que no contempla que haya "inhabilitaciones para una cosa tan clara como es cumplir el reglamento".

Por contra, en declaraciones a Efe, la presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado a Forcadell como la "máxima responsable" de lo ocurrido ayer, aunque esperará a que el TC actúe para decidir si pide cuentas políticas a la presidenta de la cámara catalana.

Pese a que antes del debate y la votación de ayer Forcadell interrogó a la bancada de Junts pel Sí y la CUP si eran conscientes de que su solicitud podía chocar con el TC, Arrimadas ha subrayado que la presidenta de la cámara "habría podido evitar perfectamente" la aprobación de las conclusiones del proceso constituyente, que abren la puerta a una vía unilateral hacia la independencia. Según la jefa de la oposición en Cataluña, "estaba en sus manos" impedir el debate, porque Forcadell "podría haber alegado que había una resolución del TC que la obligaba a impedir que esta votación se llevase a cabo".

Desde Madrid, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado su apoyo al Gobierno central en este asunto y ha subrayado que los catalanes "no se merecen" que les sitúen fuera de la legalidad y del Estatut.

La senda que ayer emprendió el Parlament, en su opinión, es un camino "hacia ninguna parte", que sólo trae "fractura social" y daña la convivencia.

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz (PP), ha opinado que Junts pel Sí y la CUP decidieron ayer situarse "al margen de la ley, y con ello, al margen de la democracia". "Se puede cambiar la ley, evidentemente, lo que no es negociable es no cumplir la ley", ha insistido el titular de Interior, quien ha asegurado que la independencia es algo que "está fuera de lugar, de tiempo y de las necesidades, los deseos y los anhelos de la sociedad española y catalana".

Desde el Govern, la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha apuntado que no vería "democrático" sancionar el Parlament por haber votado en el pleno de ayer las conclusiones de la comisión sobre el proceso constituyente, pese a la advertencia del TC.

"En ningún caso entendería que fuera democrático sancionar a aquellos que democráticamente han votado un trabajo hecho en esta cámara, que al fin y al cabo es una cámara democrática votada por los ciudadanos", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz del Partit Demòcrata Català (PDC) en el Congreso, Francesc Homs, tampoco ve "motivos" ni "recorrido" para inhabilitar a Forcadell.

Para Homs, sería un "error" que "el TC intentase coartar el establecimiento de una voluntad política", que es lo que, a su juicio, se aprobó el miércoles en Parlament, ya que no se impulsó ninguna ley. Fuentes de Junts pel Sí han apuntado a Efe que no hay "base democrática" para sancionar a ningún miembro del Parlament por la votación de ayer y han puesto de relieve la "anomalía" que a su juicio supone que el TC sea quien instruya esta causa y, a la vez, pueda imponer sanciones sin que haya ninguna otra instancia judicial a la que el sancionado pueda apelar.