La mayoría de partidos apoyan la libertad a Uribetxebarria frente a las críticas de las víctimas
Los colectivos de víctimas se muestran decepcionados con el Gobierno, al que acusan de llevar a cabo la misma política que el Ejecutivo de Zapatero.
Madrid/La libertad condicional concedida por el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, al etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga, enfermo de cáncer, ha encontrado el apoyo generalizado de los principales partidos políticos mientras que las víctimas se oponen firmemente.
El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Leopoldo Barrera, ha dicho que esta decisión es "coherente con las previsiones legales y con lo que han sido interpretaciones legales de la regulación penitenciaria en los últimos veinte años". Por este motivo, ha asegurado que su partido respeta la acción de la Justicia, y ha recordado que en cualquier caso esta decisión "corresponde sólo al juez, porque la Administración aporta la documentación al juez". Asimismo, ha querido destacar que el auto también incluye "restricciones al preso y garantías para las víctimas del etarra", como la prohibición de acercarse al domicilio y lugar de trabajo de sus víctimas o de los familiares directos de éstas.
IU también ha destacado la coherencia con la normativa que regula la situación de los presos etarras y ha definido la medida de "lógica, necesaria y humanitaria", en palabras del portavoz de Justicia de esta formación en la Cámara Baja, Gaspar Llamazares. Por su parte, el PSOE ha declinado pronunciarse sobre este asunto, si bien hace dos semanas, cuando Instituciones Penitenciarias concedieron a Bolinaga el tercer grado, los socialistas respaldaron la decisión y recordaron siempre apoyarían al Gobierno en su política antiterrorista.
Más dura ha sido la reacción de la líder de UPyD, Rosa Díez, que se ha mostrado contraria a la puesta en libertad de Uribetxebarria y espera que el fiscal "en coherencia con su propio criterio jurídico" recurra esta decisión. Díez ha recordado así la postura del fiscal Pedro Rubira, que en un escrito se opuso a la libertad del miembro de ETA al considerar que podría recibir tratamiento para su dolencia en prisión sin que ello acortara su esperanza de vida.
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, señaló en su cuenta de Twitter que "el tercer grado a Uribetxeberria debe tomarse como un triunfo de los Derechos Humanos y como una derrota del espectáculo". La formación política Aralar, integrada en la coalición Amaiur, ha destacado que con esta resolución se ha hecho "justicia", aunque "llega con retraso", ha apostillado. Como "una gran noticia" ha definido el portavoz del colectivo de apoyo a los presos de ETA Herrira, Jon Garay, esta decisión, y se ha mostrado convencido de que conseguirán la excarcelación de los otros trece reclusos de la banda terrorista con enfermedades graves.
Totalmente opuesta a esta reacción ha sido la de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, quien ha dicho que con esta medida se demuestra que "la Justicia no es justa" y ha anunciado que entregará una carta de protesta en el ministerio del Interior. Pedraza ha considerado que se trata de una decisión "incomprensible" al haber "informes contundentes de una médico forense" y oponerse además al "criterio de la Fiscalía", favorable a que permaneciera en prisión. La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Maite Pagazaurtundúa, ha criticado también esta medida al considerar que Bolinaga va a ser recibido "como un héroe" en Mondragón (Guipúzcoa) y "se va a ir a la tumba orgulloso". El presidente de la organización Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, se ha sumado a esta opinión, y ha manifestado que siente una "total decepción" con el Gobierno de Mariano Rajoy. Ha dicho que el Ejecutivo "ha traicionado" a las víctimas del terrorismo al seguir, en su opinión, la misma política que hizo en su día el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Por parte de las organizaciones de jueces, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha afirmado que la resolución es "ajustada a derecho" puesto que, ha señalado, "se cumplen perfectamente todos los requisitos legales".
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