Las pesadillas de Sánchez, Marlaska y García Ortiz

Se mantiene en La Moncloa aunque ha perdido a parte de los “socios de investidura”. Tanto Junts como Podemos han dejado de darle apoyo incondicional. Pero dos personas de absoluta confianza de Pedro Sánchez han puesto en situación imposible al presidente. A pesar de Ábalos, Koldo, Jessica, Aldama y las noticias escandalosas y sórdidas que han protagonizado, son Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, los que pueden convertirse en pesadilla de Pedro Sánchez.

Sánchez, que cuando supo que García Ortíz había borrado los mensajes y llamadas de sus teléfonos, dijo que debían pedir perdón al fiscal los que le habían acusado de filtrar información confidencial sin tener pruebas, se encuentra ahora gracias a las comisiones rogatorias enviadas a Estados Unidos e Irlanda, con que esas pruebas, borradas, pueden “aparecer”.

El Tribunal Supremo ya dispone del contenido de los teléfonos del fiscal general. Tanto Google como Whasapp han enviado las carpetas zip –con el contenido comprimido–, cumpliendo además los requisitos de custodia a los que obliga la ley. Carpetas que el juez Hurtado, que investiga la causa, ha entregado ya a la UCO de la Guardia Civil para que proceda a analizar los correos electrónicos y mensajes que contienen. Y adjuntarlos a la información sobre el uso que dio la Fiscalía General al expediente abierto por la Agencia Tributaria a Alberto González Contador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

La UCO trabaja ya con los informes enviados por Google y Meta, que deben ser previamente traducidos. El juez ha pedido a la UCO que le dé cuenta cada cinco días sobre cómo va la investigación, y le ha dado un mes, prorrogable, para elaborar su informe respecto a qué sucedió en la Agencia Tributaria sobre el expediente de Alberto González Amador, que la ley exige que sea confidencial. Como lo es cualquier expediente abierto a un contribuyente, hasta el punto de que filtrar su contenido o parte de él es constitutivo de delito.

El segundo nombre que inquieta a Sánchez –si hay algo que le inquiete, que parece que sí aunque el presidente siempre ha hecho alarde de ser inmune a cualquier información o investigación que le afecte– es el de Grande-Marlaska.

Uno de los jueces más populares de España por su lucha implacable contra ETA y cuyo nombramiento como ministro del Interior del primer Gobierno de Pedro Sánchez produjo sorpresa y estupor al mismo tiempo, es hoy uno de los ministros más cuestionados del Ejecutivo, casi desde las primeras semanas de asumir sus nuevas responsabilidades.

A pesar de que se le había considerado cercano al PP –fue elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial en la “cuota” de este partido–, desde el primer momento demostró que su adhesión a Pedro Sánchez era incondicional, y de hecho avaló decisiones –sobre todo relacionadas con competencias de la Guardia Civil– que él mismo había declarado que nunca apoyaría.

Ha acumulado más desautorizaciones del presidente que cualquier otro ministro, pero la última, tan grave, ha provocado que incluso dirigentes socialistas en privado hayan manifestado que no tenía más salida honrosa que la dimisión.

El origen de su situación imposible está en la compra de balas a Israel por valor de más de 6 millones de euros, destinadas precisamente a la Guardia Civil.

Hace unos meses, como reacción a la guerra de Gaza, Pedro Sánchez anunció su reconocimiento al Estado Palestino y el apoyo firme a su causa, al mismo tiempo que anunciaba el bloqueo a cualquier posibilidad de comprar material militar a Israel.

El fiscal, en la cuerda floja

A principios de esta semana se tuvo conocimiento de que, a pesar de las instrucciones respecto a las compras a Israel, el Ministerio del Interior había contratado la compra la munición para armas de la Guardia Civil. El escándalo fue mayúsculo, con los dirigentes de IU Enrique Santiago y Antonio Maíllo exigiendo la ruptura del Gobierno de coalición.

Ni uno solo de los cinco ministros de Sumar, entre ellos Sira Rego, de IU –de padre palestino–, asumió esa posibilidad. La propia Yolanda Díaz se mantuvo también firme en que no se rompería la coalición ni sus ministros dimitirían.

Pedro Sánchez dio instrucciones de cancelación del contrato al conocer la reacción de Sumar –que llovía sobre mojado, Sumar no aceptaba que se asumiera incrementar el presupuesto de Defensa al 2% del PIB como exigían la OTAN y la UE–; Marlaska anunció que se cancelaría el contrato, fuentes de la Abogacía y de las relaciones comerciales entre países advertían de que no se podía cancelar un contrato avalado por un Gobierno y firmado… y la izquierda entró en su crisis más profunda desde que se creó el primer gobierno de coalición.

Las compras a Israel podrían alcanzar unos mil millones de euros, que es difícil que se recuperen porque como afirma el Gobierno israelí se trata de contratos en firme, de obligado cumplimiento.

Las noticias que aparecían profundizaban en el malestar, la falta de confianza en el Gobierno, el empeño de IU de marcar distancias con Yolanda Díaz y, por tanto, mantener su postura de abandonar el Gobierno...

Coinciden esas noticias con otras que echan más leña al fuego: la OTAN no acepta las cuentas del gobierno respecto al incremento del porcentaje del PIB destinado a Defensa, dice que no alcanza el anunciado 2%. Israel, la UE y profesionales españoles de reconocida solvencia, alertan sobre las consecuencias, insistiendo en que una decisión política, romper relaciones con Israel, no puede poner en riesgo la defensa y la seguridad de España, y que el compromiso con el pueblo palestino puede realizarse –como hacen los países europeos– sin desabastecerse de la tecnología y las armas relacionadas con la Inteligencia de la que dispone Israel. El país occidental que más medios ha destinado al desarrollo de esas tecnologías que garantizan su supervivencia ante la amenaza terrorista que sufre desde la creación del Estado.

Con un nombre que se pronuncia sotto voce: Pegasus. El programa espía elaborado por una empresa israelí, que precisamente por razones de seguridad sólo se vende a estados y a sus servicios de Inteligencia. Si se llega a las malas, podría filtrar información que a ningún Gobierno gustaría que se conociera. Porque todos ellos, incluso los más democráticos, tienen trastienda que conviene ocultar.

Estos próximos días no van a ser fáciles para Pedro Sánchez y su entorno: se desvelarán los correos y mensajes del fiscal general, y también las horas en las que se produjeron las llamadas a sus colaboradores y a medios de comunicación, directamente o a través de esos colaboradores –fiscales, y personal de La Moncloa– para que conociera que el novio de Ayuso estaba tratando de llegar a un acuerdo de conformidad con Hacienda. Si se demuestra que fue García Ortíz y su entorno los que trataron de utilizar a Juan Lobato, líder entonces de la oposición madrileña, para que denunciara el caso en la Asamblea de Madrid –lo que Lobato no hizo porque su percepción como abogado le hizo adivinar la operación–, el fiscal general se vería en una situación insostenible. Y el equipo de La Moncloa que presuntamente colaboró con él.

En cuanto a Marlaska… se ha convertido en cabeza de turco de una compra a Israel que era conocida y aceptada por personas sin cuyo aval no habría sido posible hacerla. Por ejemplo, la ministra de Defensa y, aún más arriba, el propio presidente del Gobierno. Lo sabe cualquiera que se mueva el mundo de la Defensa y las compras que se realizan en el mundo de la Defensa.