El presidente del CGPJ pide renovar este órgano cuanto antes tras el 23J
Rafael Mozo recuerda que el organismo lleva cuatro años sin actualizarse y que eso supone una anomalía constitucional y democrática
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Cuenca/El presidente por sustitución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha urgido a la renovación "cuanto antes" de este órgano constitucional, una vez celebradas las elecciones generales del 23 de julio y la constitución del Congreso de los Diputados y del Senado.
Así lo ha reclamado Mozo este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en Cuenca, antes de inaugurar unas jornadas sobre el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, en las que participan 25 jueces y magistrados de toda España.
Mozo ha expresado su deseo de que la renovación del CGPJ se produzca a la mayor brevedad posible, una vez celebradas las próximas elecciones generales, dado que el actual mandato del organismo lleva cuatro años y medio sin renovarse, desde finales de 2018.
En este sentido, Mozo ha reconocido que su no renovación constituye una anomalía constitucional y democrática que origina perjuicios, a la vez que ha defendido que el funcionamiento de la institución debe ser lo "prioritario" en defensa de los derechos de los ciudadanos.
Perjuicios
Así, ha lamentado que la no renovación conlleve perjuicios, como por ejemplo el hecho de que en el Tribunal Supremo (TS) existan vacantes que no se han podido cubrir, por lo que llevan sin realizar nombramientos desde marzo del año 2021.
"Todo funcionaría mejor si se pudieran haber llevado a cabo los nombramientos pendientes por jubilaciones, por expiración de los mandatos de los magistrados de Tribunal Supremo o Audiencias provinciales", ha señalado también Mozo a los periodistas allí reunidos.
Junto a Mozo, natural de Arcos de la Sierra (Cuenca), en la inauguración de las jornadas también ha participado la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, quien ha destacado que, de los 2.118 expedientes que tramitaron el año pasado, más de la mitad correspondieron a reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
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