El Consorcio de Aguas llega a un acuerdo con los sindicatos para dar estabilidad a la mitad de su plantilla
Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han ratificado el acuerdo que beneficiará a 43 trabajadores
En días pasados, responsables del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) y representantes de los trabajadores de este ente alcanzaron un acuerdo para iniciar un proceso de estabilización de la plantilla. Según las estimaciones apuntadas por este órgano, este procedimiento acabará con la temporalidad de casi la mitad de los empleados que tiene.
Según el presidente del Consorcio, Jorge Rodríguez, este es un “hito histórico” ya que, desde su nacimiento en 2007, “por primera vez el Consorcio de Aguas ha llegado a un acuerdo en un proceso de estabilización, incluido en una oferta pública de empleo que reducirá considerablemente la temporalidad”.
El presidente del CAZG, tras mantener reuniones con el comité de empresa, representado por CCOO, UGT y CSIF, destacó el acuerdo unánime alcanzado con los representantes de los trabajadores, que permitirá la estabilización de 43 plazas en el ente provincial, casi el 50% de la plantilla, que dejará de tener contratos temporales.
En un comunicado, el representante de este ente señaló: “El propósito es consolidar y estabilizar a la mitad de la plantilla, cumpliendo así uno de los compromisos de esta presidencia". Así, aseguró que el Consorcio ha sido “una de las primeras administraciones que llega a un acuerdo así de forma unánime con todos los representantes sindicales”.
Tras este acuerdo, deberán publicarse las bases generales que regulará el procedimiento de estabilización. “Con este acuerdo vamos a reducir la temporalidad prácticamente en la totalidad de la plantilla y damos perspectivas de futuro a los empleados” agregó.
Todas las administraciones públicas están obligadas a acometer antes de que acabe el año a un proceso de estabilización de su plantilla que se encuentre con contratos temporales para cumplir con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que censuró a España por la alta temporalidad existente en los organismos públicos.
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