Aguas revueltas en las ambulancias
La ratificación ayer en el Sercla del convenio deja en el aire las movilizaciones para después de Semana Santa pero no despeja el futuro del sector, pendiente de que el SAS saque un nuevo concurso
Jerez/Tras haberse sacado ya a concurso en tres provincias andaluzas, los sindicatos que representan a los alrededor de 500 trabajadores del transporte sanitario de la provincia prevén que la nueva concesión de este servicio en Cádiz también se produzca a lo largo de este año, una vez que se saque el concurso de forma inminente. Esta situación está provocando incertidumbre entre los trabajadores, según afirmó ayer el secretario de organización de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT, Juan Manuel Rocha, tras salir de una reunión en la sede del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) en la que precisamente se llegó al acuerdo de ratificar la continuidad del actual convenio, que había sido denunciado. Esta circunstancia, según explicó Rocha, deja en el aire de momento la adopción de movilizaciones, entre ellas un posible huelga, tras la Semana Santa, medidas que UGT había anunciado la pasada semana si no había acuerdo, pero lo cierto es que no despeja totalmente el futuro del sector.
En la provincia operan, a través de conciertos con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), tres empresas de ambulancias: Digamar, con cerca de 160 trabajadores, que cubre el área de Jerez, Ambulancias SSGA (Campo de Gibraltar y Cádiz) y Ambulancias Barbate. Rocha señaló que, a diferencia de como se venía haciendo, el concurso del transporte sanitario se sacará en esta ocasión de forma conjunta para toda la provincia, con un único pliego de condiciones y no con pliegos distintos por cada hospital. "Esto está generado dudas y por eso hemos pedido una reunión, que se celebrará el día 19, con el delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, para que nos explique en qué condiciones va a salir el concurso". Uno de los aspectos fundamentales al que los trabajadores no están dispuestos a renunciar es que el pliego de condiciones recoja el actual convenio provincial, distinto al del resto del sector en Andalucía y que contempla mejoras conseguidas en gran parte tras la dura huelga de ambulancias que tuvo lugar hace dos años.
Rocha manifestó que las condiciones de ese convenio deben quedar reflejadas en el pliego de condiciones ante el temor de que si las concesionarias del concierto son finalmente otras empresas no se respeten derechos laborales ya adquiridos.
Otra de las preocupaciones de las plantillas es que al salir un único concurso a nivel provincial no se respete el ámbito territorial, es decir, que los trabajadores dejen de tener un hospital de referencia y su área de influencia y se propicie la movilidad geográfica.
El representante de UGT manifestó además que se están poniendo sobre la mesa una serie de mejoras relativas a temas salariales. Recordó que tras una bajada de los salarios del 5%, el acuerdo que puso fin a la huelga de 2015 recogía esa recuperación salarial. "Eso se ha cumplido y creemos que ahora el momento de que se produzca algún tipo de subida porque eso es lo que se está negociando también para los empleados públicos".
Según han informado desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a los representantes de los trabajadores, el nuevo pliego de condiciones obligará a las empresas a que los vehículos cumplan una serie de condiciones técnicas de las que carecen en estos momentos y los sindicatos no están dispuestos, según indicó Rocha, a que esa inversión repercuta en los trabajadores. "Nuestra intención es trasladar al SAS que el pliego debe mantener como mínimo la masa salarial actual y por supuesto que se respeten todos los puestos de trabajo. No queremos un conflicto, sino un acuerdo ventajoso para todas las partes".
Los precedentes de la huelga de hace dos años
El sector de las ambulancias vivió hace dos años una serie de jornadas de huelga que no estuvieron exentas de incidentes, incluso antes de que comenzasen los paros. En las vísperas se llegaron a producir actos vandálicos en los vehículos, que impidieron los traslados en ambulancia de numerosos usuarios. Aunque habitualmente en servicios de este tipo, la Administración establece servicios mínimos elevados, las consecuencias del conflicto para los pacientes son inevitables, sobre todo, en el transporte programado. En aquella ocasión los trabajadores pusieron de manifiesto, entre sus denuncias, el incumplimiento sistemático por parte de las empresas de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el uso abusivo de los contratos de formación y el mal estado de los vehículos.
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