Asaja-Cádiz cifra en 300 millones las pérdidas con la futura PAC
Agricultura
La asociación lamenta que “el gobierno no se preocupe de agricultores y ganaderos, todo responde a intereses políticos”
La nueva Política Agrícola Común (PAC), cuyo modelo se está negociando estos días para el periodo 2021-2027, puede suponer unas pérdidas del 10% de los fondos agrícolas para España. Con los números en la mano, según las estimaciones de Asaja-Cádiz, este hecho supondría tener, a nivel nacional, 4.700 millones de euros menos; mientras que a nivel autonómico, dicho presupuesto dejaría a los agricultores andaluces sin 1.200 millones.
En la provincia de Cádiz, por su parte, una provincia específicamente agrícola y ganadera, desde Asaja consideran que las pérdidas serían de 100 millones de euros en el mejor de los casos, y 300 en el peor.
Esta circunstancia, unida a la intención del gobierno central de implantar un nuevo modelo de reparto en el país, “dejaría a Andalucía gravemente perjudicada”, destacó ayer en rueda de prensa Antonio de León Bohórquez, vicepresidente de Asaja-Cádiz.
Para Asaja-Cádiz, “sin estas ayudas, la agricultura y la ganadería no es rentable”, principalmente porque “no tenemos unos precios por la venta de nuestros productos, los precios de venta son los mismos que hace 40 años, por eso las ayudas son fundamentales. Si desaparecen, el campo no es rentable”.
Luis Ramírez, secretario de esta entidad, fue mucho más claro. “Al igual que nos estamos enfrentando a la peor pandemia con el peor gobierno posible, nos estamos enfrentando a las reformas de la PAC, una de las más difíciles de los últimos años, con el peor gobierno posible, porque no ha admitido en ningún momento ese recorte del 10%”.
En este sentido, criticó que desde Madrid “se quiera introducir una tasa plana, es decir, que todos los agricultores del país cobren lo mismo. ¿A quién perjudica esto? Pues a Andalucía que es la más productiva de España y la que ha generado más ayudas en los últimos años. Además, nuestros agricultores han arriesgado y han utilizado gran parte de esas ayudas para invertirlas en las explotaciones y hacerlas más modernas”.
“Eso quiere decir-continuó- que en Andalucía tenemos ahora mismo ayudas de 228 euros por hectáreas y a nivel nacional la media está en 144 euros. Si bajamos, perderemos no los 1.200 millones que dijimos antes, sino peor aún, perderemos 3.000 millones para los próximos 7 años, que en el caso de Cádiz serían 300 millones. Por eso he hablado del peor de los casos”.
Ramírez lamentó “la demagogia que está utilizando el gobierno” y recordó que “Luis Planas, ahora Ministro de Agricultura, era hace cinco años Consejero de Agricultura en la Junta y en la negociación de la actual reforma de la PAC, la que está vigente, decía justo lo contrario a lo que dice ahora. Por eso digo que todo esto se debe a intereses políticos, no se mira para nada al agricultor o al ganadero”.
Otra de las exigencias radica en el reparto de las ayudas de la PAC. Según Luis Ramírez, “para poder recibir esas ayudas el agricultor debe tener 20 o 30% de ingresos totales agrarios, algo que dejaría al 38% de los agricultores fuera. Por eso hemos firmado todas las asociaciones y cooperativas una declaración institucional con la Junta en defensa del modelo de PAC que tenemos en Andalucía. Pedimos que se den las ayudas no por sus ratios, sino porque realice una actividad agrícola real y efectiva”.
Por último, y en relación a las denominadas Eco-Esquemas, prácticas cada vez más medioambientales, pidió, pensando en los ganaderos de Cádiz, que se amplíe el número de eco-esquemas, “que a nivel nacional sólo hay uno”.
Desde Asaja-Cádiz se habló también de los fondos Next Generation, que para España serán de 730 millones de euros “y que aún no sabemos cómo se van a repartir”. Asimismo, Luis Ramírez insistió en que “a veces es más importante el diseño del modelo de la línea de ayuda, porque eso ha pasado con las ayudas para el Covid”.
Exigen un estudio del impacto del nuevo modelo
Una de las peticiones que ha realizado Asaja-Cádiz al gobierno es que todas esas modificaciones que se pretenden implantar a partir de 2023 se sometan a un estudio del impacto. En concreto, estas estrategias recogen la reducción del 25% en el uso de los abonos, reducción en un 50% el uso de los productos fitosanitarios, dejar un 10% de tierra sin cultivar...”Nosotros vemos bien todas esas prácticas, de cara a nuestra salud será positivo, pero exigimos ayudas, porque de partida vamos a tener un 10% menos de presupuesto”, replicó Luis Ramírez.
Según Asaja, “este estudio de impacto se ha hecho en Estados Unidos y revela una pérdida del 12% de la producción, el incremento de los precios a los consumidores del 17%, una reducción del 20% en las exportaciones y una subida de la cesta de la compra en unos 150 euros”.
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