Aumentan las renuncias a seguir con los procesos de malos tratos

Los procesos de malos tratos tienen sus luces y sus sombras. No es la primera vez que mujeres que presentan una denuncia en el juzgado de Violencia de Género pretenden desistir de la acusación, algo que suele repetirse con bastante frecuencia. Una cosa es el momento en el que se deciden a dar marcha atrás, porque eso puede suceder en el momento mismo del juicio, justo antes de empezar a declarar. Es entonces cuando algunas se decantan por acogerse a su derecho de no decir nada en contra de su marido o su pareja, amparadas además por la ley. Esa circunstancia se traduce además en datos estadísticos en el Juzgado de Violencia de sobre la Mujer con el que cuenta la ciudad desde el pasado diciembre de 2007.

Así, por ejemplo, ha aumentado el número de renuncias a la continuación con el proceso en cuestión en el primer trimestre de este año en relación con las mismas fechas del año 2008. De las dieciséis de entonces, se ha pasado a veinticuatro, según datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sin embargo, eso contrasta con otro dato, el de número de denuncias presentadas a lo largo de los primeros meses del año -actualmente se están recogiendo los datos hasta junio- en el que se ha producido en la ciudad un ligero descenso, pasando de las 204 en el año pasado a las 191 actuales. Teniendo en cuenta esa estadística, pues algo más del 12% de las mujeres que acaban denunciando en el juzgado se termina echando para atrás en este mismo órgano judicial, a lo que habría que añadir aquellos casos en los que no quieren declarar o lo hacen a su favor en los juzgados de lo Penal, donde terminan llegando muchos procedimientos.

Las órdenes de protección que se han incoado en los primeros meses de año han descendido también con respecto a las mismas fechas del año anterior, ya que son menos de la mitad de las tramitadas de enero a marzo de 2008. De veinticuatro se han pasado a diez. Según apunta el TSJA también ha bajado el número de personas enjuiciadas por asuntos de malos tratos, aunque han superado las cuarenta.