El Ayuntamiento de Jerez suscribe un acuerdo para garantizar la asignación de las viviendas sociales con las máximas garantías de justicia social

Jerez/La delegada del Área de Gobierno de Acción Social y Políticas Inclusivas, Carmen Collado, y la vicepresidenta del consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez, S.A. (Emuvijesa), Ana Hérica Ramos, han suscrito un convenio de colaboración para formalizar un marco de colaboración entre ambas partes, con la finalidad de mejorar la calidad del acceso y el uso de viviendas protegidas de Emuvijesa arrendadas o cedidas a usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios o residentes en viviendas afectadas por planes de rehabilitación públicos.

Por un lado, Carmen Collado ha explicado que aunque este cruce de datos en el Ayuntamiento, entre Emuvijesa y la Delegación de Acción Social y Mayores, ya se viene haciendo, la firma de este convenio viene a formalizar por escrito esta práctica. Además, ha destacado que la colaboración entre ambos servicios municipales es muy importante “porque es necesario que Emuvijesa nos ceda sus viviendas para situaciones de emergencia social, con la garantía de que de verdad son familias que las necesitan porque están en riesgo de exclusión social”.

Por su parte, Ana Hérica Ramos ha reivindicado el carácter social de Emuvijesa en los últimos años y ha apuntado a que este convenio “viene a garantizar la justicia social a través de la coordinación y ese cruce de datos para que las ayudas lleguen a las personas verdaderamente necesitadas”.

En virtud de este acuerdo, la Delegación de Acción Social y Mayores podrá también articular ayudas económicas para los inquilinos de Emuvijesa que se encuentren en situación de riesgo o exclusión social. Igualmente, se podrán poner en marcha iniciativas de actuación para favorecer el acceso a los distintos sistemas de protección social, a las personas residentes en barrios vulnerables, en los que haya promociones de vivienda de Emuvijesa.

También se persigue la puesta en marcha de acciones para la mejora de la convivencia vecinal y mediación de conflictos, a nivel de las juntas de arrendatarios de promociones de Emuvijesa, así como estrategias concretas que aseguren, el derecho básico al acceso, al uso y disfrute de una vivienda digna y adecuada.

Otro objetivo es la puesta en marcha de actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones personales y sociales para la convivencia, la participación y la integración de las personas inquilinas en la vida social, con especial atención a las acciones de carácter preventivo.

Para ello, se podrán poner en marcha, según el convenio, acciones como el desarrollo de actividades que favorezcan la detección de las situaciones problemáticas o de marginación. También se contempla el apoyo y tratamiento psicosocial en los diferentes marcos convivenciales dirigidos fundamentalmente a aquellas personas y familias usuarias de los Servicios Sociales Comunitarios, que presenten esa necesidad. Igualmente, se estipula en el acuerdo la organización de actividades destinadas a favorecer la inclusión y la participación comunitaria, así como otras actuaciones análogas, que persigan los fines recogidos en este convenio.

Por su parte, Emuvijesa participará en el desarrollo de los objetivos de este convenio, a través de la puesta a disposición de la Delegación de Acción Social y Mayores de viviendas de su propiedad, o gestionadas por la empresa municipal, para que puedan ser dedicadas a familias en riesgo de exclusión y vulnerabilidad. Asimismo, podrán ponerse a disposición de dicha delegación otras viviendas temporales mediante la firma de convenios específicos que regulen las condiciones.

Emuvijesa también pondrá a disposición de la Delegación de Acción Social y Mayores los espacios necesarios para que los programas que se pongan en marcha se puedan desarrollar de una forma más ágil para la ciudadanía.

Al objeto de mejorar las actuaciones detalladas, ambas partes se comprometen en este convenio al intercambio de la información necesaria, relativa a las posibles personas beneficiarias y su situación socio-familiar, para la elaboración de diagnósticos de cada persona o familia, facilitando así el acceso a derechos y recursos sociales, en coordinación con el personal técnico de la Delegación de Acción Social y Mayores, dentro del marco legal regulado por la normativa de protección de datos.