El Ayuntamiento pierde otra batalla judicial con las compañías telefónicas

Antenas de telefonía en el edificio Jerez 74. / Vanesa Lobo

Jerez/Cuatro años después, el Ayuntamiento ha vuelto a perder una pelea judicial con las compañías telefónicas. Si en 2013 se vio obligada a anular una ordenanza municipal y a devolver unas tasas cobradas por las antenas de telefonía , ahora le ha ocurrido lo mismo con otro reglamento municipal, que también conlleva como consecuencia el reintegro de unos tributos.

A finales de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló a favor de la compañía Jazztel (Jazz Telecom SAU) a la que el Consistorio tendrá que devolverle unos 6.400 euros por una doble imposición fiscal. El fallo supone, además, la anulación de un apartado de la ordenanza que regula la tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales en infraestructuras subterráneas. Con ella, el Consistorio gravaba no solo la instalación de las redes de telefonía sino también el mantenimiento de las conducciones.

El Ayuntamiento gravaba el uso de la red y el mantenimiento de las conducciones

Ya el Juzgado de lo Contencioso número uno de Jerez falló a favor de la compañía en julio de 2015, aunque entonces el Consistorio recurrió al Alto Tribunal. En la sentencia, la Sala de lo Contencioso del TSJA considera que el Ayuntamiento realiza una "doble imposición" fiscal a las compañías que es contraria a derecho.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento exigía el pago de dos tasas a las compañías. Por un lado, reclamaba la correspondiente al uso privativo por el uso de infraestructuras subterráneas y, por otro, el uso del subsuelo del domino público local. El Ayuntamiento argumentaba esta doble imposición en que no se trataba del mismo hecho imponible porque, en el primer caso, se gravaba el mantenimiento que requieren las tuberías o conducciones de la red y en el segundo la instalación del cableado para ejercer su actividad económica.

Sin embargo, ninguno de los tribunales que analizaron esta causa comparte esta dualidad impositiva ya que señala que ambas tareas forman parte de la misma actividad. En la sentencia, el Alto Tribunal razona: "Tales actividades [la instalación de la red como el mantenimiento de las conducciones] no tienen sustantividad propia ni se conciben como algo distinto pues solo se entienden y se justifican como actividades preparatorias, complementarias y, en todo caso, accesorias del aprovechamiento especial referido.

Por este motivo, se condena al Ayuntamiento a devolver a Jazztel los 6.470,89 euros que le giró en concepto de liquidación para los ejercicios 2008 y 2009 así como a eliminar parte de un articulado de la ordenanza que regula la tasa que grava las infraestructuras subterráneas que permitía al Ayuntamiento cobrar por ambos impuestos. La sentencia, que es firme, ordena al Ayuntamiento a publicar el fallo en el Boletín Oficial de la Provincia. Según se recoge en el presupuesto aprobado el pasado viernes, no se contemplan este año ingresos por esta tasa; sí en cambio se prevén unos 1,8 millones por la ocupación suelo, vuelo o subsuelo por parte de empresas.

El precedente fallido de las antenas de telefonía

En 2013, el Ayuntamiento jerezano se vio obligado a devolver unas tasas que había cobrado a las compañías telefónicas por las antenas de telefonía instadas por la ciudad. Debido a dos sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otra del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Jerez, invalidaron el articulado más importante de una ordenanza fiscal que el Consistorio había aprobado en 2008. Eso sí, el de Jerez no fue el único ya que fueron muchos municipios de toda España que también se encontraron con este revés judicial. Todo vino propiciado tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sentó doctrina para todos los recursos presentados por las compañías telefónicas. Todo comenzó cuando estas firmas empezaron a ampliar la cobertura con la expansión de Internet móvil. En ese contexto, los ayuntamientos, que empezaban a ver como iban cayéndose los ingresos urbanísticos, vieron un filón por lo que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) elaboró una ordenanza tipo que fue utilizada por casi todos los ayuntamientos. Sin embargo, todas acabaron anulándose ya que el Tribunal Europeo determinó que es contrario al derecho comunitario que los municipios cobren una tasa a las empresas que utilizan las antenas de telefonía cuando no son propietarias de estas instalaciones.