El Ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad pero no con la regla de gasto

En estas últimas semanas, tanto el Ministerio de Hacienda como el Ayuntamiento han actualizado diversas magnitudes que dan pistas de la situación de la economía municipal. Algunas arrojan conclusiones positivas, como que en 2017 el Consistorio logró cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria; en cambio, otras son negativas ya que no se ajustó con los parámetros de la regla de gasto en el ejercicio pasado así como que se incrementó la morosidad con los proveedores municipales.

Ayer, el gobierno municipal emitió un comunicado donde destacó que el Ministerio ha cumplido por segundo año con el objetivo de estabilidad y que esté dentro del listado de corporaciones "que sí han remitido la liquidación del presupuesto de 2017 y la información que requiere la normativa de estabilidad presupuestaria".

El objetivo de estabilidad

En 2012, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se endurecieron notablemente las exigencias a las administraciones públicas de acabar con el déficit endémico bajo riesgo de intervención de la gestión por parte del Ministerio de Hacienda. Esta magnitud permite conocer si una entidad local logra gastar menos de lo que ingresa. Para ello se tienen en cuenta los denominados ingresos y gastos no financieros, grosso modo, aquellos que se obtienen sin recurrir a una entidad bancaria.

El pasado jueves, el Ministerio de Hacienda publicaba que el Ayuntamiento jerezano cumplió en 2017 con el objetivo de estabilidad presupuestaria. El gobierno local destacó en el comunicado que este es el segundo año consecutivo en el que se cumple este precepto —Hacienda no ha publicado los datos correspondientes a 2014 y 2015—.

La regla de gasto

En esa misma publicación, por el contrario, se informa de que el Ayuntamiento jerezano imcumplió la regla de gasto el año pasado. Este es un mecanismo que trata de limitar los gastos que realiza una administración pública para evitar que se disparen en años de bonanza recaudatoria y se disminuyan, o se mantengan a costa de engrosar la deuda, en años de recesión.

Cuando se diseñó el presupuesto del pasado año, la Intervención Municipal elaboró un informe donde se establecía que la cuantía máxima que, a efectos de esta magnitud, podía gastar el Ayuntamiento era de unos 194 millones de euros, un importe que respetaba el presupuesto municipal. El gobierno explicó que se ha sobrepasado esta cuantía en unos 6,8 millones de euros.

Los niveles de morosidad

Días atrás, el Ayuntamiento publicó en su portal de transparencia el informe sobre morosidad correspondiente al tercer trimestre. En él se ratifica que sigue sin darse solución a uno de los problemas estructurales de la tesorería municipal: la imposibilidad de pagar facturas en tiempo y forma —la ley le obliga a hacerlo en un plazo máximo de 30 días—.

En él se detalla que a finales del tercer trimestre había en la tesorería municipal más de 10.500 operaciones pendientes de pago por un importe global de 94,5 millones de euros. La cifra ha aumentado un 3,4% respecto al trimestre anterior y un 19,6% con la calculada en el otoño del año pasado.

Precisamente, semanas atrás el ejecutivo anunció su intención de volver a pedir un nuevo plan de pago a proveedores al Ministerio de Hacienda para tratar de reducir al máximo estos adeudos mediante su abono con un préstamo avalado por el Estado en condiciones ventajosas.

El último informe de tesorería refleja, además, que se ha producido un incremento del volumen de facturas reconocidas —el importe ronda los 43,8 millones— mientras que ha habido una reducción de las que están pendientes de reconocer (las denominadas ‘Opas’ o facturas en el cajón)— unos 50,9 millones pendientes—.

A esto se une, que hace escasos días se conoció que en el mes de agosto volvió a subir el tiempo medio que tarda en liquidarse una factura. El retraso se sitúa ya en los nueve meses desde que la obligación es reconocida.