El Ayuntamiento tendrá externalizada parte de la asesoría jurídica hasta 2020

Jerez/El gobierno local tiene previsto mantener la encomienda de buena parte de los servicios jurídicos en un bufete de abogados externo al Ayuntamiento. El pasado miércoles aprobó en una junta de gobierno local sacar a concurso la contratación de un despacho para que lleve la representación jurídica municipal así como la asistencia en materia de gestión de recursos humanos.

Desde el pasado mes de febrero y hasta finales de año, estas funciones están externalizadas al haberse contratado al bufete de abogados Martínez Escribano, con sede en Sevilla. Y ahora el gobierno local ha decidido sacar esta contratación pero ampliándola para los dos próximos años por un importe que rondará los 300.000 euros. Este gasto se afrontará mediante dos partidas presupuestarias destinadas a gastos jurídicos y estudios y trabajos técnicos destinados a los servicios vinculados a recursos humanos.

Al igual que en los anteriores procedimientos de contratación, se sacarán a concurso dos lotes; la defensa y representación judicial del Ayuntamiento por un lado y la asistencia en materia de recursos humanos, por otro. Ahora bien, en el anterior proceso de contratación el mismo bufete fue el adjudicatario de ambas prestaciones. Hasta la fecha, estas contrataciones le ha supuesto un coste para el Ayuntamiento de unos 53.000 euros.

En septiembre, la edil de Recursos Humanos, Laura Álvarez, justificó esta externalización en la falta de letrados que hay el Ayuntamiento. En respuesta a una pregunta realizada por Ciudadanos en un pleno municipal, Álvarez justificó la contratación en la falta de letrados con plaza de funcionario que arrastra el Ayuntamiento. En este sentido apuntó que actualmente solo hay siete empleados municipales licenciados en Derecho y que dos de ellos han tenido que asumir dos puestos ante la falta de efectivos. Asimismo, argumentó que este departamento municipal cuenta con un importante volumen de trabajo que le reportó, incluso, la denuncia ante la Inspección de Trabajo de un trabajador. La edil hizo referencia al incremento de las demandas judiciales en la "desastrosa y arbitraria" Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se aprobó durante el pasado mandato municipal. "Desde la integración del personal de algunas empresas municipales en el Ayuntamiento y la aprobación de la RPT han aumentado demandas", sentenció entonces.

Según datos hechos públicos por el Ayuntamiento, el pasado año tuvo que intervenir en 337 procedimientos judiciales, 17 más de los afrontados en 2015. Casi la mitad de estos casos se llevaron en la vía contencioso-administrativa mientras que los asuntos en la jurisdicción social (85) y en la penal (55) le siguieron en número. Finalmente, el consistorio tuvo que afrontar una veintena de demandas civiles y cuatro procedimientos en los juzgados de lo mercantil.

Bien es cierto que no es la primera vez que el Ayuntamiento recurre a unos servicios jurídicos externos pero en estas ocasiones lo hizo para casos puntuales. Fue el caso del ERE (Expediente de Regulación de Empleo) ejecutado en el Ayuntamiento en 2012, cuya parte jurídica fue llevada por la consultora Deloitte por un coste que rondó los 140.000 euros. También buscó abogado para llevar la defensa del Consistorio en varias demandas planteadas contra la RPT para lo que se contrató los servicios de la firma Sargadoy Abogados por un importe de 14.000 euros. Ahora bien, en el pleno donde se cuestionó por estas externalizaciones, la edil de Recursos Humanos y portavoz municipal elevó hasta los 200.000 euros el montante de las contrataciones para asesoramientos jurídicos realizadas por el anterior gobierno del PP.

Mientras, en este mandato se recurrió por primera vez al despacho de Martínez Escribano para que hiciera una valoración jurídica sobre la readmisión de más de un centenar de afectados por el despido colectivo que no llegó a ser concluyente y que costó unos 14.500 euros.

Además, el Ayuntamiento lleva gastados unos 42.140 euros en la contratación de Marimón Abogados para que lleve la defensa de algunos técnicos municipales en el procedimiento mercantil presentado en 2014 por la empresa Urbanos Amarillos, que culpa al Ayuntamiento de su quiebra tras el secuestro de la explotación del servicio de autobuses urbanos. En en esta causa, un juzgado sevillano falló a favor de los intereses municipales pero la empresa ha presentado un recurso de apelación por lo que el procedimiento continúa vivo.