El Ayuntamiento de Jerez ha perdido más de la mitad de los ingresos de plusvalía
Economía municipal
Aunque este año está recaudando más que en 2022, continúa lejos de alcanzar los registros previos a la sentencia del Constitucional que tumbó este impuesto
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Aunque ha mejorado la recaudación respecto al año pasado, el Ayuntamiento de Jerez, al igual que el resto de entidades locales de toda España, continúa teniendo un problema con la plusvalía, el impuesto que grava el aumento del valor de un terreno o inmueble cuando se transmite su propiedad. Las sentencias judiciales que, primero, determinaron que este tributo únicamente se podía reclamar cuando hubiera beneficio para el vendedor y, segundo, anularon el sistema de cálculo de la cuota han provocado una notable bajada de los ingresos por esta vía.
Con datos acumulados hasta el pasado 28 de noviembre, el Ayuntamiento de Jerez logró unos derechos reconocidos por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos (nombre oficial que tiene la plusvalía) de unos 4,8 millones de euros. De estos, ha entrado en caja ya algo más de 2,5 millones de euros hasta esa fecha.
Este importe, y a expensas de que concluya el año, donde se pueden producir reclamaciones o bajas de cuantías que acaben minorando la cifra, es superior a lo recaudado durante el pasado año, donde los derechos reconocidos —es la cuantía que tiene derecho a percibir el Ayuntamiento— apenas fue de 3,1 millones de euros, la cifra más baja en décadas. De estos, y al cierre de la ejecución presupuestaria a final del año, ingresó en caja poco más de 2,7 millones.
Sin embargo, y a pesar de la mejoría respecto a 2022, el Ayuntamiento de Jerez continúa lejos de los importes que recaudaba hasta la sentencia del Tribunal Supremo de 2021 que anuló el sistema de cálculo de este tributo. Poco después, el Ministerio de Hacienda aprobó un nuevo tipo de cálculo, pero, tal y como se preveía, conlleva menos ingresos para el Ayuntamiento.
Así, y a pesar de que en 2017 el Tribunal Constitucional también determinó que era ilegal reclamar este impuesto en aquellas transmisiones donde se hubieran producido pérdidas para el comprador —este fallo vino a consecuencia de un caso dado en Jerez, precisamente— entre 2015 y 2021 los ingresos obtenidos por este impuesto tuvieron una media de unos 11,2 millones de euros. Así, hubo ejercicios en los que apenas se alcanzaron los 9,2 millones (fue el caso de 2018), aunque hubo otros donde superaron los 13,3 millones (2021).
Compensación con ingresos urbanísticos y el IVA
En 2021, el Ayuntamiento obtuvo unos 97 millones de euros gracias a los impuestos —en él se incluyen tributos tales como el IBI, el ‘sello’ del coche o el Impuesto de Actividades Económicas, además de las transferencias que realiza el Estado por el IRPF, el IVA, el alcohol o los impuestos—. Sin embargo, un año más tarde este importe bajó hasta los 87 millones debido al nuevo sistema de cálculo de la plusvalía. Y en este año, con datos acumulados hasta el 28 de noviembre, la cuantía ronda los 90 millones.
De este modo, el Consistorio ha podido compensar en parte el golpe de la pérdida de ingresos por este tributo por varias vías. Por un lado, en 2022 vio incrementado sus ingresos gracias al auge de la actividad urbanística a través del impuesto de construcciones. Y en este año se ha producido un notable aumento de los ingresos por IVA transferidos desde el Estado.
Por este motivo, las entidades locales continúan reclamando al Gobierno central que regulen una alternativa para no perder financiación. No en vano, la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) incluyó dentro de una de sus resoluciones en el pleno celebrado a finales de septiembre —en esta cita la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, fue elegida presidenta de este organismo— la solicitud de que se compense a los ayuntamientos por esta pérdida.
En la resolución, se reitera que este impuesto es “una fuente principal de financiación de los gastos de las entidades locales” puesto que ocupa un “espacio de especial trascendencia en el sistema fiscal local”. Por este motivo, se demanda que se den “las respuestas necesarias para solventar los problemas que se vienen detectando en su aplicación, mejorar su gestión y recaudación” puesto que se ha producido una “merma” como consecuencia de las sentencias que han cambiado este tributo.
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