Bronca en Jerezana de Comunidades

Jerez, uno de los términos municipales más grandes del país, encontró en la década de los noventa en la disponibilidad de suelo la gallina de los huevos de oro. Promotoras, constructoras, inmobiliarias y todo tipo de empresas relacionadas con la construcción surgieron de debajo de las piedras, hasta que la burbuja inmobiliaria estalló.

Pocas empresas resistieron el 'tsunami' inmobiliario y hoy en día se cuentan con los dedos los promotores y constructores que se mantienen en activo en la ciudad, el que más y el que menos tocado por el derrumbe de las ventas y los precios de los inmuebles. El último caso conocido en la catarsis del sector es el de Jerezana de Comunidades, sociedad que atraviesa su peor momento en sus veinte años de existencia como evidencian los resultados económicos de los últimos ejercicios (ver información anexa), detonante del reciente despido de casi la mitad de los trabajadores.

El recorte de plantilla, que no llega a la veintena de empleados, no es más que la punta del iceberg de la multitud de problemas que arrastra la promotora por la pelea en la que están enfrascados los dos socios mayoritarios, José Antonio Monreal y Luis Barrera, cuyas familias se reparten a partes iguales y a través de distintas sociedades el 99,96% de la empresa, bajo dominio en la actualidad de Monreal con el apoyo del otro 0,04% del accionariado.

En tiempos de vacas gordas, la relación entre los socios era cordial, pero la evolución negativa de la promotora en los últimos años destapó la caja de los truenos, hasta que a finales de 2009, cuando la situación era ya insostenible, Luis Barrera cesa en su cargo de presidente del consejo de administración, prohibiéndole Monreal la entrada en las oficinas de la calle Larga.

A partir de ahí, los socios iniciaron el desfile por los juzgados -en los que hay un reguero de demandas y querellas criminales cruzadas entre ambos- ante la imposibilidad de llegar a acuerdos para zanjar su relación societaria, procesos que tienen su último episodio con la presentación el pasado 12 de enero por parte de Barrera de la solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz de concurso necesario para Jerezana de Comunidades. Barrera esgrime insolvencia, sobreseimiento general de pagos y el alzamiento de bienes como causas de la solicitud, que se tramita a través de Barrera y Gutiérrez, Jaralu y Proyectos Comunitarios -sociedades en las que Barrera es administrador único o solidario-, las dos primeras accionistas de Jerezana de Comunidades y todas ellas acreedoras de la promotora.

En concreto, Gutiérrez Barrera y Jaralu reclaman una deuda de casi 0,8 millones de euros que tiene su origen en el reparto de dividendos aprobado en 2009 en junta de accionistas, según acredita una sentencia de septiembre del año pasado y de la que han pedido ejecución. Aunque la sentencia no es firme y la empresa ha solicitado la ampliación del plazo para presentar recurso, la reclamación de ejecución por parte de la familia Barrera enumera una serie de fincas como garantía de pago, las mismas que, curiosamente, Jerezana de Comunidades ha enajenado en los últimos meses -ver final de la noticia-.

El asesor jurídico de Jerezana de Comunidades, Francisco Mauriño, sostiene que tal deuda no existe, toda vez que la atribuye a la falsificación de documentos por parte de Barrera durante su etapa como presidente del consejo de administración y responsable del departamento económico y financiero.

La tercera sociedad en liza, Proyectos Comunitarios, tiene un crédito reconocido por Jerezana de 1,7 millones que trató de compensar con una finca del mismo valor, pero sobre la que pesa una hipoteca de 1,6 millones, según documentan los denunciantes. Según la empresa, dicha deuda también corresponde al periodo presidencial de Barrera, al que atribuye la firma de la hipoteca, que asegura estar pagando mensualmente dentro del periodo establecido hasta octubre de este año. Según Mauriño, Proyectos Comunitarios es una filial de Jerezana de Comunidades participada por los mismos socios y a la que se recurría cuando hacía falta liquidez.

A la solicitud de concurso también se une la esposa de Luis Barrera, María del Carmen Gutiérrez Cachero, en calidad de trabajadora despedida por la empresa en diciembre y acreedora al tener pendiente de cobro 29.000 euros, que según el escrito presentado en el juzgado, se corresponden con el salario de los tres últimos meses de trabajo, la indemnización y el incumplimiento del preaviso de extinción de contrato.

El asesor jurídico de Jerezana de Comunidades manifiesta en relación a la esposa de Barrera que "nunca ha trabajado en la empresa, la metió en nómina su marido en fraude a la Seguridad Social". Sin embargo, los actuales gestores de la promotora mantuvieron en plantilla a María del Carmen Gutiérrez desde el cese de su marido en 2009 hasta el pasado mes de diciembre.

Precisamente, el contenido de la carta de despido remitida por Jerezana de Comunidades a la mujer de Barrera avala uno de los argumentos esgrimidos para la solicitud de concurso, el del incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago, en concreto de tributos, cuotas de la Seguridad Social, salarios e indemnizaciones de los últimos meses. La carta de despido reconoce los problemas para el pago a la Seguridad Social y la falta de liquidez de la empresa desde el año 2010 por la caída de la facturación y las pérdidas acumuladas.

Según el abogado de la empresa, Jerezana de Comunidades está al corriente de pago en la Seguridad Social y en las nóminas, estando pendientes las indemnizaciones por el rechazo de los afectados a la oferta inicial de la promotora.

La descapitalización de la empresa por el alzamiento de bienes es el otro argumento base de la solicitud de concurso, en la que se reseñan las transmisiones de un total de once fincas a otras empresas participadas por familiares de Monreal y, por norma general, a un tercio aproximadamente del valor de mercado de las mismas. En concreto, en la solicitud de concurso se recoge la cesión en diciembre del año pasado de una finca valorada en 120.000 euros a María del Carmen Sánchez -esposa de Monreal-. Entre noviembre y diciembre se transfieren otras diez fincas, algunas con promociones de vivienda a la venta o en proyecto, a Xera Promociones por importe total de 796.332, cantidades que, según Barrera, están muy por debajo de su valor real.

El asesor jurídico asegura, por contra, que la transmisión de las fincas obedece a la reclamación del pago de una deuda realizada por el propio Barrera, que ostenta un tercio de las acciones de Xera. Según Mauriño, Barrera solo busca el desprestigio de la promotora por sus rencillas personales con Monreal.