Competencia baraja sancionar al Marco y a la Junta con hasta 7,2 millones más

Al Marco de Jerez se le acumulan los problemas. Todo se le vuelve en contra. En plena tormenta por el cese solicitado por las bodegas para el actual presidente del Consejo Regulador, Antonio Fernández, por su imputación en el caso de los ERE falsos, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) amaga con poner la puntilla al sector del vino de Jerez en su conjunto, y de paso a la Consejería de Agricultura de la Junta, a los que propone sancionar con hasta 7,2 millones de euros en la que sería la tercera multa del organismo estatal contra los operadores del Marco, en esta ocasión por los acuerdos sobre el precio de la uva y el mosto.

En línea con los dos expedientes sancionadores ya resueltos por la CNC contra el sector, y por los que se impusieron una primera multa de 400.000 euros al Consejo Regulador -recurrida en casación tras la rebaja a 100.000 euros dictada por la Audiencia Nacional- y otra de casi 7 millones a las principales firmas bodegueras -también recurrida en los tribunales-, la Dirección de Investigación del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha remitido la propuesta de resolución del expediente S/0167/09 Productores de Uva y Mosto de Jerez, en la que califica de infracción muy grave los acuerdos de fijación de precios de la materia prima adoptados en la Denominación de Origen entre 1991 y 2009.

La imputación se extiende a las organizaciones de productores y bodegas -Aecovi, Asevi, Fedejerez y Arjeman- las organizaciones agrarias -Coag-Cádiz y Asaja-Cádiz-, así como al Consejo Regulador y la Consejería de Agricultura, los dos últimos en calidad de negociadores y mediadores de los sucesivos acuerdos adoptados.

En consecuencia, la directora de Investigación solicita que se imponga la sanción prevista en la ley de Defensa de la Competencia para las infracciones muy graves, con multa de hasta 901.518,16 euros para cada una de las ocho partes implicadas, que supondría un máximo de 7,2 millones.

Los responsables de la investigación, según se recoge en la propuesta de resolución a la que ha tenido acceso este medio, entienden que el sector en su conjunto actuaba como un cártel, con participación en mayor o menor medida de todos sus operadores, como a su juicio demuestran las tres actuaciones desarrolladas en el Marco y entre las que encuentra estrechos vínculos.

Tras las resoluciones del Consejo de la CNC por los acuerdos que limitaron la cantidad de vino que las bodegas podían comercializar en cada campaña -cupo de ventas discriminado- y los acuerdos para la comercialización de productos BOB -Buyer Own Brand o marcas blancas- destinados a la exportación, la Dirección de Investigación subraya que los acuerdos de fijación de precios de la uva y el mosto de Jerez "parecen que cierra el círculo en cuanto al funcionamiento de este mercado".

De hecho, prosigue la propuesta, si en la resolución de la segunda actuación emprendida contra el sector ya se señalaba que "la conexión entre la mesa BOB y el cupo discriminado por bodega es innegable", "también lo es dicha conexión con la fijación de los precios de la uva y el mosto acordados" por la coincidencia de determinados operadores -Consejo Regulador y Fedejerez- en todos los acuerdos, que "adoptaban con conocimiento pleno de todas las actuaciones".

Por tanto, concluye la investigación, "el sector estaba casi en su totalidad y respecto a las distintas fases de producción, comercialización y exportación del vino de Jerez, cartelizado".

La propuesta de resolución señala que la CNC actuó de oficio en este tercer expediente a raíz de las posibles irregularidades observadas en la documentación requisada por los inspectores de Competencia en la sede de Fedejerez y de varias firmas bodegueras tras la denuncia por el cupo de ventas discriminado.

En el documento se especifica que la investigación abarca los acuerdos del precio de la uva y el mosto adoptados desde 1991 hasta 2009 -Plan de Reconversión del Marco de Jerez de 1991, acuerdo sectorial de 1997, Plan Estratégico para el Marco de Jerez de 2002, acuerdo sectorial de 2006 y su renovación para la campaña 2007-2008-, no así el Plan de Viabilidad vigente en la actualidad, en el que no encuentra conducta colusoria, y considera que se trata de una "infracción continuada". En este sentido, los investigadores aprecian un "acuerdo global, con un objetivo único, común y continuado en el tiempo" y que constituye "una infracción única y continuada, aunque se haya materializado en acuerdos de diversa índole".

En cuanto a los efectos de esta conducta contraria a la libre competencia, la investigación determina que los sucesivos acuerdos implicaron un aumento de los precios de la materia prima y, por extensión, del vino de Jerez tanto en el mercado interior como en la exportación, que subraya es el principal destino de estos productos, extremo sobre el que "no cabe ninguna duda", señala.

A modo de curiosidad, cabe señalar que la propuesta se acompaña de un anexo con una relación de las personas físicas relacionadas con el expediente y en el que figuran cuatro consejeros de Agricultura y otros altos cargos del mismo departamento, tres presidentes de Fedejerez y su anterior director general, tres presidentes del Consejo Regulador y su secretario general y otros diez responsables del resto de organizaciones implicadas.