Cruce de informes sobre la legalidad de la contratación de una consultora en 2015

Las contrapuestas conclusiones alcanzadas por dos bufetes de abogados y por el Interventor Municipal sobre una contratación realizada por el Partido Popular en 2015 ha derivado en un nuevo enfrentamiento político donde cada formación se agarra al informe que se ajusta a su tesis.

El contrato cuestionado es la adjudicación a la consultora Deloitte de la defensa del Ayuntamiento en las demandas presentadas por los afectados por el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en el Juzgado de lo Social por un importe de 121.000 euros, un asunto que se abordó el pasado lunes en la reunión de la comisión de auditoría y transparencia municipal y que volverá a tratarse en la reunión de este órgano fijada para el próximo martes.

A día de hoy hay sobre la mesa un informe elaborado por el bufete Martínez Escribano que avala el procedimiento de contratación seguido. Mientras hay otros dos, el del despacho Sanguino Abogados y el del interventor municipal, que ponen en duda su legalidad al entender que no se ofreció la posibilidad a otras empresas de concurrir al concurso.

Ayer, tanto el PSOE como el presidente de la comisión de auditoría y transparencia, el concejal de Ganemos Jerez Santiago Sánchez, advirtieron de “posibles irregularidades” escudándose en las conclusiones del análisis realizado por la Intervención Municipal y por Sanguino Abogados. En cambio, el PP volvió a defender su gestión en este asunto refiriéndose no solo al informe de Martínez Escribano sino también a los informes de técnicos municipales incluidos en el expediente de contratación de la consultora en 2015.

El PSOE acusó al PP través de sus perfiles de redes sociales de haber adjudicado “un servicio presuntamente irregular a un bufete externo, troceando contratos”. Mientras, Santiago Sánchez señaló que la comisión está tratando de saber si “fue legal o no”. Ahora bien, sí hizo referencia a que se han detectado “posibles irregularidades” y justificó que se solicitara un segundo informe tras los “errores que había [en el primer informe] según el interventor”. Al ser preguntado por las irregularidades, Sánchez dijo: “Se adjudicó a dedo; no se pidieron otras ofertas, no salió a concurso y todo hace sospechar de que se cometieron una serie de irregularidades”.

Tras esto, el PP emitía un comunicado donde volvía a defender el procedimiento seguido. “Hasta cinco informes técnicos avalan la contratación en 2015 de la asesoría jurídica tras las sentencias por el expediente de regulación de empleo; cuatro de ellas de los técnicos habilitados del Ayuntamiento de Jerez en ese momento (Recursos Humanos, Intervención, Contratación y asesoría Jurídica) y un quinto de un despacho independiente de abogados encargado por el Ayuntamiento gobernado por Mamen Sánchez”, apuntó la formación. Y recordó que el procedimiento también contó “con el visto bueno de la Junta de Andalucía tras un exhaustivo estudio”. Por ello, reclamó al edil de Ganemos que se retracte ya que, de lo contrario, emprenderá acciones legales contra él.

Durante el pasado mandato se hicieron cuatro procesos de contratación con Deloitte vinculados al ERE municipal. Sin embargo, la comisión de transparencia optó finalmente por investigar el último. En enero de 2015, el Ayuntamiento volvió a contar con los servicios de esta consultora para defenderse de cada una de las demandas individuales presentadas por los trabajadores afectados, con un coste de unos 121.000 euros.

La polémica estriba en saber si se adjudicó correctamente o no este trabajo. El 29 de enero de 2015, con María José García-Pelayo (PP) de alcaldesa, se aprobó la adjudicación en una junta de gobierno local. Para designar a este bufete, se recurrió a un procedimiento negociado sin publicidad basándose en la Ley de Contratos que permite recurrir a esta figura basándose en la “urgencia” de la contratación y en las “razones técnicas” para designar a este bufete por su conocimiento de los hechos.

Tras la petición de la comisión de transparencia, el gobierno municipal solicitó un informe jurídico al bufete de abogados Martínez Escribano, que tiene encomendado el asesoramiento jurídico de la gestión de recursos humanos. Este despacho se pronunció a finales de octubre alegando que “era razonable” contratar a esta consultora dado que “era la única idónea para asumir” la dirección letrada de estos procedimientos judiciales por el conocimiento de la materia.

Tras esto, la Intervención Municipal emitió un informe a petición de la Alcaldía donde expresa sus dudas de que el proceso cumpliera con la Ley de Contratos Públicos. Así, apuntaba, entre otras carencias, que no se siguió el procedimiento adecuado y que se debería haber pedido oferta a otras empresas (solo se solicitó a la adjudicataria).

Ante esta circunstancia, se encargó un nuevo informe, esta vez a Sanguino Abogados, el bufete que tiene asignada el servicio para la defensa y representación jurídica del Ayuntamiento de Jerez. Este, en un análisis fechado el pasado 13 de diciembre, ponía en duda las conclusiones alcanzadas por Martínez Escribano señalando que no se daban los requisitos para el procedimiento de contratación seguido ya que la cuantía del contrato superaba la máxima establecida por ley para recurrir a esta vía y que no está plenamente justificado que Deloitte fuera la única firma idónea para llevar a cabo esta defensa jurídica.

La comisión de transparencia se reunirá el próximo martes para analizar los informes y “estudiar qué acciones se va a proponer”, según lo apuntado por Santiago Sánchez.